El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, y el Ministro de Educación, Adrián Quelca Tarqui, suscribieron hoy un Convenio de Cooperación Interinstitucional, que tiene como objetivo principal permitir el acceso a información en casos de procesos penales abiertos en contra de servidores del Sistema Educativo Plurinacional (SEP) que cometan delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes.
“La firma de este Convenio es un aporte institucional en la lucha contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, además que permite a través del sistema informático Justicia Libre del Ministerio Público el acceso a la información en línea, poner en conocimiento de forma inmediata los procesos penales abiertos en contra servidores de educación que tengan imputación formal por la comisión de delitos contra la vida, contra la seguridad física, psicológica o sexual de los estudiantes”, dijo Lanchipa.
El Fiscal General agregó que. mediante la suscripción del Convenio, se busca contribuir para que no exista más violencia, generar espacios de seguridad para que el ejercicio del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes sea desarrollado en un contexto de seguridad, también apoyar a la no violencia y la no revictimización.
Por su parte, el Ministro de Educación, Adrián Quelca, destacó la importancia del Convenio que permite una mayor coordinación en temas de prevención y a evitar situaciones de violencia en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. “Este acuerdo nos permite establecer niveles de coordinación para prevenir y hacer un seguimiento en la comisión de faltas y delitos vinculados a maltrato y violencia a los estudiantes en las unidades educativas”, dijo.
El Convenio de Cooperación Interinstitucional tiene por objetivo principal poner en vigencia mecanismos de acceso a la información en línea a través de servicios web, con carácter restringido y controlado, con la finalidad que el Ministerio Público comunique al Ministerio de Educación la existencia de procesos penales abiertos en contra de servidores del SEP, por la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes.
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