Después de que el fin de semana el ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó la designación de vocales departamentales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) salió en conferencia de prensa para defender su labor respecto nombramientos y asegurar que los hizo de acuerdo a las normas.

“Como Tribunal Supremo de Justicia hemos actuado estrictamente ceñidos a lo que establece la Constitución Política del Estado, a lo que establece la Ley del Órgano Judicial, puesto que hemos procedido con los pasos procedimentales de designación, previa revisión de la lista por parte del Consejo de la Magistratura y posterior posesión”, dijo el magistrado Olvis Egüez, presidente del TSJ.

El pasado viernes se posesionó a 19 vocales de siete departamentos (excepto La Paz y Cochabamba), sin embargo, el sábado el ministro Lima denunció que se había posesionado a personas con antecedentes de prevaricato y otros delitos, pero además se había ignorado una sentencia constitucional que deja sin efecto la convocatoria para vocalías.

El magistrado Egüez explicó que el Consejo de la Magistratura es el encargado de la evaluación de los postulantes y sus antecedentes, mientras que el TSJ elige de una nómina elevada por esa entidad.

Agregó que el Tribunal también requirió información de los postulantes a otra entidades y, previa revisión, eligió por consenso a personas que no estaban registradas con antecedentes penales.

El magistrado indicó, asimismo, que el día de la posesión el TSJ recibió una nota de Lima que pedía postergar la posesión, pero en la Sala Plena se analizó este tema y decidió suspender  la posesión de las personas que podrían tener algún tipo de antecedente y seguir adelante con el resto, tomando en cuenta que existe una moral procesal y aspirantes ya habían incluso renunciado a otros trabajos para acceder a las vocalías.

Respecto la sentencia del Tribunal Constitucional 170/2021 que deja sin efecto la convocatoria para vocalías de Santa Cruz y ulteriores, el presidente del TSJ afirmó que el tema de las convocatorias corresponde al Consejo de la Magistratura y es esta entidad que debe pronunciarse al respecto.

Egüez también respondió al ministro Lima: “Como Órgano Judicial somos un órgano del Estado que regimos nuestras actuaciones en base a principios constitucionales normativos tal como ocurrido en esta oportunidad y cualquier criterio que se pueda generar por parte de otro órgano del Estado, evidentemente no coincidimos pero lo respetamos plenamente”.

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