Los fiscales Susana Boyán y Edwin Blanco, y los jueces Patricia Pacajes, Gladis Guerreo y Roberto Mérida “destruyeron la vida” del médico Jhiery Fernández al acusarlo y sentenciarlo por el delito de violación, sabiendo que era inocente. Ellos siguen impunes.
Han pasado siete años desde que Jhierry Fernández fue enviado a la cárcel injustamente y van a ser tres años desde que dejó la cárcel tras revelarse que había sido sentenciado sin pruebas y que la exjueza Patricia Pacajes sabía de su inocencia.
Su pesadilla no ha terminado, quizás nunca termine, por la magnitud del daño sicológico y moral que le causaron, al igual que a toda su familia, que no encontraron paz sabiendo que durante cuatro años estuvo detenido en la cárcel acusado de un delito que no cometió.
Le truncaron una vida de sueños, aunque el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció el retiro de la acusación en contra del médico, tras no encontrar ninguna prueba a un presunto delito.
“No hay una prueba científica que acredite de la comisión de este ilícito penal por el cual estaba siendo juzgado el señor Jhiery Fernández. Se cierra una etapa totalmente oscura, totalmente injusta”, afirmó Lanchipa.
Jhiery lo sabía, así como la primera comisión de fiscales que fueron apartados del caso de manera inexplicable; pero que después Boyán y Blanco se empeñaron, por razones que hasta ahora desconoce, para que sea condenado.
Hasta ahora ignora los motivos por los cuales los fiscales dieron un giro en su posición; solo sospecha que obedecieron órdenes o que estaban encubriendo a alguien “no lo sé, desconozco. Lo único que sé es que me han hecho daño”.
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