El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anunció el jueves que el censo de población y vivienda se realizará el 2024, pues su preparación técnica y logística necesita al menos de tres años y medio, cuyo proceso puede empezar este año si se aprueba una norma y se garantiza recursos económicos. El viernes, el Ministerio de Planificación del Desarrollo dijo que el anuncio que hizo el INE es solo una “sugerencia” y afirmó que el Gobierno aún “no ha definido el año” para su ejecución, informa Brújula Digital.
“Tras el anuncio del Instituto Nacional de Estadística (INE) que el pasado jueves sugirió la posibilidad de que el Censo Nacional de Población y Vivienda podría realizarse durante la gestión 2024, se tiene a bien aclarar que el Gobierno Nacional no ha definido el año en el que se realizará el censo. Por tanto, el planteamiento efectuado por el INE es una sugerencia”, señala comunicado del Ministerio de Planificación.
El comunicado de Planificación afirma que en adelante las labores preparatorias del censo deben recuperar el tiempo perdido. “Asimismo, se comunica al pueblo boliviano que el cronograma de actividades referido al Censo Nacional de Población y Vivienda, deberá estar orientado a recuperar el tiempo perdido durante las gestiones 2019 y 2020”, añade el comunicado.
El diferimiento del censo para el 2024 generó una ola de rechazo a nivel nacional de legisladores opositores y oficialistas al extremo que autoridades electas de Santa Cruz se declararon en emergencia y algunos analistas y políticos dijeron que la postergación pretende evitar el debate del pacto fiscal o redistribución de recursos económicos, y también la reasignación de escaños para las próximas elecciones generales.
El jueves, el director del INE, Humberto Arandia, señaló que las condiciones para la elaboración del proyecto censal son: logística, financiamiento y condiciones técnicas, aspectos que deben ser cumplidos para su ejecución.
El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordó que el MAS posterga el tratamiento del pacto fiscal desde el 2013. “Incumplió el mandato de la Ley Marco Autonomías que establecía que el año 2013 se debería haber logrado un pacto fiscal que distribuyera los recursos entre el nivel central y las administraciones autonómicas del Estado”.
Protestó contra “el gobierno del MAS que ya tiene un mal antecedente; el anterior censo lo postergó un año, debió realizarse el 2011 y lo hizo el 2012, pero ahora es un absurdo total y un abuso intentar postergar tres años, hasta 2024”.
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