Como una “organización criminal”, así calificó el Gobierno el caso del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo y del exdirector General de Desarrollo Rural Hiper García Quecaña, quienes fueron aprehendidos en pasadas horas, por un caso de corrupción. La investigación continúa y “aparentemente” existen otras autoridades investigadas.
En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, dijo existen “pruebas contundentes y evidentes” que demuestran que se cometieron delitos de orden público y que la investigación continuará “caiga quien caiga”.
Characayo y García fueron aprehendidos en flagrancia la noche de este martes en pleno centro de la ciudad de La Paz con $us 20.000, tras haber recibido de una persona y su abogado, por un trámite de saneamiento de tierra de una propiedad, en el municipio de San Ramón, en el departamento de Santa Cruz.
“Estamos frente a una organización, no hay otra palabra para calificarla que está siendo desmantelada y que va a ameritar el inicio y la ampliación de acciones”, afirmó Lima quien añadió que “no estaba conformada solamente por esas dos autoridades” y que, aparentemente, “hay autoridades de diferentes niveles de Estado que están haciendo en este momento objeto de investigación”.
No preciso cuantos funcionarios más podrían estar implicados en el caso y ratificó que, de momento, hay solamente dos personas que se encuentran siendo investigadas por el Ministerio Público y la Policía.
El fiscal superior Gonzalo Aparicio informó que tanto Characayo y García se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de su declaración informativa en la Fiscalía. Dentro del caso, Lima anuncio que el Ministerio de Justicia y Transparencia se sumará como parte del proceso en calidad de denunciante.
Afirmó además que puede haber más víctimas que implican a Characayo con el saneamiento y la regulación de propiedades agrícolas en la ciudad de Santa Cruz, en ese sentido, exhortó a quienes hayan sufrido extorsión, amenazas o pedidos de dinero de esas “malas autoridades” a que presenten sus denuncias ante el Ministerio de Justicia donde se preservará su identidad.
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