El juez James Cohn, del estado de Florida en Estados Unidos, determinó denegar una moción presentada por Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, en el marco del proceso en que se los responsabiliza por las muertes de Octubre de 2003, informó el Centro para Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) que impulsa el juicio.

Como antecedentes en este caso se tiene que en 2018 un jurado determinó que Goni y Sánchez Berzaín eran culpables de las muertes extrajudiciales y otorgó 10 millones de dólares a los demandantes. Luego, ese mismo año, el juez Cohn dejó sin efecto el veredicto al observar falta de evidencia, pero posteriormente en agosto de 2020 una Corte de Apelaciones revocó la decisión del juez y le ordenó que se readecúe el proceso.

Ya en noviembre de 2020, el expresidente Sánchez de Lozada y su exministro intentaron nuevamente dejar sin efecto el proceso, presentando la moción para que el juez Cohn decida rechazar los reclamos de los demandantes o, alternativamente, se determine realizar un nuevo juicio. Sin embargo, el pedido fue denegado por Cohn mediante un fallo emitido este 5 de abril de 2021.

“El juez Cohn deniega las mociones de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, dictaminando que los demandantes establecieron que los asesinatos fueron ilegales según el derecho internacional y, por lo tanto, extrajudiciales, y que los acusados eran responsables”, resumió el CCR.

El Programa de Derechos Humanos de Harvard ratificó la información, en su página web, y agregó que con la decisión se “restablece el veredicto del jurado de 2018”.

Entre los criterios que se menciona en el fallo reciente, se señala que se contravino el derecho internacional con las muertes ocurridas en 2003 causadas por militares bolivianos y que los acusados fallaron en demostrar que no fueron asesinatos extrajudiciales.

También se afirma que con la autoridad que tenían los acusados al mando de las Fuerzas Armadas podían prevenir o sancionar las ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2003.

En el documento, se finaliza anunciando que la Corte ahora entrará a una sentencia final en favor de los demandantes, de acuerdo con este fallo.

En este proceso los denunciantes son un grupo de familiares de fallecidos en las jornadas de 2003, cuando manifestantes de la ciudad de El Alto protestaban contra el Gobierno entonces de Goni y fueron reprimidos por fuerzas militares.

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