La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), a través de su presidenta Amparo Carvajal, llamó a que se instalen instancias de diálogo con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la conflictividad social en el país.
Planteó que la instancia se dialogo se establezca “entre el gobierno y el Movimiento Al Socialismo con los partidos políticos de oposición, los movimientos ciudadanos, el sector salud y principalmente con los legítimos representantes de ADEPCOCA a la cabeza del señor Armin Lluta”.
A nivel político, el país atraviesa una tensión respecto a la controversia de que si hubo fraude o golpe de Estado en 2019. En ese marco, el Gobierno impulsa un proceso penal contra la exmandataria Jeanine Añez y otras exautoridades, lo cual es rechazado por sectores opositores y cívicos.
En el caso del sector salud, persiste un paro médico en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria, mientras que en el tema de ADEPCOCA existe un conflicto dirigencial entre un sector que apoya a Armin Lluta al frente de la entidad y otro liderado por Elena Flores, reconocido por el Gobierno y que intenta establecer un mercado paralelo de la coca.
La APDHB expresó una profunda preocupación por lo que considera una “constante violación de los derechos humanos en Bolivia, que parte desde el mal uso del Ministerio Público y del Órgano Judicial”.
Alertó que la conflictividad social se agudiza con el rebrote de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica afecta duramente a las familias bolivianas, especialmente de los sectores más vulnerables.
Manifestó que el pedido de diálogo implica encontrar un camino, que permita el esclarecimiento de todos los delitos que se vienen cometiendo, con un órgano judicial independiente y con profesionales probos.
“El diálogo se tiene que manejar con responsabilidad y protección de los derechos humanos de todos los bolivianos, independientemente de su posición política ideológica, profesión, género”, dice el pronunciamiento.
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