La Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) denunció ante la opinión pública nacional e internacional los “graves atropellos” de autoridades de Estado contra Jeanine Añez. Consideró que se trata de un trato, cruel, inhumano y degradante contra la exmandataria.

Mediante un comunicado, la entidad mencionó cinco acciones que consideró ilegales y que degradan la dignidad humana de Añez y violan sus derechos humanos.

- Allanamiento de su domicilio y aprehensión a altas horas de la noche mediante el despliegue de un impresionante aparato policial encabezado por altas autoridades del Estado, sin contar con orden judicial alguna. 

- Traslado inmediato a la ciudad de La Paz sin darle posibilidad de proveerse de los enseres necesarios para enfrentar el brusco cambio de altura y temperatura 

- La detención preventiva dispuesta infringiendo el principio de la presunción de inocencia y los estándares internacionales; sustentando la determinación en la supuesta concurrencia de riesgo de fuga, argumentando irrazonablemente que la imputada no tiene marido ni familia. 

- La negación de atención médica en un centro médico. 

- El incumplimiento y la burla a la decisión del Juez que en una Acción de Libertad dispuso su inmediata internación en un centro hospitalario. 

- El traslado ilegal y arbitrario del Centro Penitenciario de Obrajes al de Miraflores, únicamente para incumplir la orden dispuesta por el Juez de Garantías, una vez más a altas horas de la noche sin posibilidad de que se comunique con su familia. 

Según la Oficina Jurídica de la Mujer, “los actos descritos constituyen tortura, trato cruel, inhumano y degradante reconocidos como tales y prohibidos por la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. 

Ante la situación referida, la OJM exigió a las autoridades del Órgano Ejecutivo la inmediata cesación de las acciones ilegales; al Ministerio Público proceder con objetividad y respeto de los derechos humanos, cumpliendo estrictamente la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Al Órgano Judicial, la Oficina exigió actuar con independencia, reparando las ilegalidades cometidas y disponiendo la inmediata libertad de Añez.

“Recordamos a las autoridades judiciales que en un Estado de Derecho la justicia debe ser independiente y guiar sus actos únicamente por la Constitución, la Ley y el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de adscripción política, religión, estado civil, origen u otros”, agrega el comunicado firmado por Jinky Irusta, directora de la OJM.

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