La Defensoría del Pueblo anunció este martes que fiscalizará e ingresará a las unidades educativas a nivel nacional a fin de asegurar el derecho a la educación durante el retorno diferenciado a clases, en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, en el marco de sus atribuciones constitucionales,
“La Defensoría del Pueblo inició un proceso de fiscalización y exigibilidad ante el retorno a clases para que las unidades educativas implementen medidas de bioseguridad para garantizar el derecho a la educación”, anunció la Defensora del Pueblo en la capital Sucre, donde asistió al acto de inauguración del Año Judicial Constitucional 2021.
Cruz adelantó que está solicitando a los gobiernos autónomos municipales de todo el territorio nacional, mediante el envío de cartas, que asuman las medidas necesarias para prevenir contagios de la COVID-19 cuando los escolares vuelvan a clases, según anunció el Gobierno Nacional, en febrero de este año y bajo tres modalidades.
“Instamos a los gobiernos autónomos municipales a considerar la provisión de agua potable (lavado de manos), servicios higiénicos (desinfección de baños), cantidad suficiente de pupitres y mesas (para posibilitar distanciamiento social), material educativo (afiches o letreros que recuerden las medidas de bioseguridad) y disponibilidad de cámara de desinfección y otros implementos de bioseguridad”, pidió la Defensora del Pueblo.
De acuerdo con las conclusiones del VI Encuentro Pedagógico, llevado a cabo los días 17 y 18 de diciembre de 2020 en La Paz, los estudiantes retornarán a clases en la gestión escolar 2021 bajo tres modalidades: presencial, semipresencial y a distancia, en función de las condiciones sanitarias y los estudios epidemiológicos de cada región.
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