La ONG Human Right Watch (HRW) denunció este viernes que el gobierno interino de Jeanine Áñez usa el sistema de justicia de Bolivia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, algo que el ejecutivo de La Paz rechazó. 

La organización denuncia que hay cargos promovidos por el gobierno interino que son infundados o desproporcionados, con violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y un uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva. 

El gobierno de Áñez - que está en el ejecutivo después de la crisis política posterior a las anuladas elecciones del pasado 20 de octubre - rechazó categóricamente las denuncias de persecución política. 

Los comicios de hace casi un año fueron anulados tras una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estableció una "manipulación dolosa" a favor del exmandatario, que entonces renunció ante una ola de protestas y tras las presiones de las fuerzas armadas. 

Morales primero se asiló en México y ahora está exiliado en Argentina. Enfrenta cargos por "terrorismo" presentados por el gobierno boliviano que lo responsabiliza de una serie de bloqueos de las carreteras. 

En el informe titulado "La justicia como arma: Persecución política en Bolivia", HRW denunció que el gobierno de Áñez "ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos". 

Esto ha dado lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo".

HRW, indicó que los cargos contra Morales se basan en una llamada telefónica realizada en noviembre de 2019, días después de que Morales dejara el cargo, en la cual una persona que presuntamente sería Morales instó a un colaborador a movilizar a manifestantes para que bloquearan carreteras. 

La oenegé indicó que en algunos casos los fiscales presentaron cargos por "terrorismo" contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales y que a otras se les imputó por haber publicado críticas contra el gobierno en internet.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, indicó que la "injerencia política en el sistema judicial es un problema crónico en Bolivia". 

Pero indicó que el gobierno actual "se aprovecha de un poder judicial sin independencia que el propio Morales ayudó a debilitar".

- Presa, embarazada sin atención médica -

Entre las miles de páginas de expedientes analizados destaca el caso de Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de gabinete de Evo Morales, acusada de terrorismo por una conversación con Morales. Hermosa estuvo detenida en prisión preventiva entre enero y agosto, sin acceso a atención médica, pese a que estaba embarazada y al final tuvo un aborto espontáneo.

Otro ejemplo es el de Mauricio Jara, un simpatizante de Morales que todavía está preso, y que según la policía había calificado al gobierno de "tirano" y "dictatorial".

La organización destacó el caso del juez Hugo Huacani que otorgó la detención domiciliaria a Edith Chávez, que trabajaba como empleada doméstica para un exministro del gobierno de Morales. El magistrado fue denunciado ante la policía, arrestado y estuvo preso hasta el día siguiente cuando otro juez resolvió que su arresto había sido ilegal. 

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, rechazó "categóricamente" el informe en una rueda de prensa y dijo que fue Morales durante su gobierno (2006-2019) quien seleccionó a magistrados del Poder Judicial, como del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agrario, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado.

"En otras palabras: todo el sistema judicial está cooptado por el Movimiento Al Socialismo, partido de Morales, y por tanto es un contrasentido decir que el actual gobierno ejerce control sobre la justicia o que la utilizamos como arma de persecución", sostuvo el ministro.

De acuerdo a la Constitución, esos magistrados son prenombrados por el Parlamento, controlado por el expresidente Morales, y luego ratificados por la ciudadanía en elecciones generales.

El informe señaló que Áñez tuvo la oportunidad de "romper con el pasado y asegurar la independencia judicial".

Bolivia irá a elecciones el 18 de octubre, un año después de los comicios anulados y tras varios aplazamientos debido a la pandemia del coronavirus. 

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