La Cancillería denunció este jueves que el Legislativo pretende invadir la jurisdicción del Poder Ejecutivo al “arrogarse” la entrega de salvoconductos con una “declaración camaral” a exautoridades asiladas en la residencia diplomática de la Embajada de México en Bolivia.
“(La intención de entregar salvoconductos) quiere decir que el Legislativo quiere invadir la jurisdicción del Ejecutivo, quiere invadir la jurisdicción del Poder Judicial, quiere quitarle competencias al Ministerio Público, no, no puede ser, es un absurdo, un absurdo total”, sostuvo a radio Panamericana, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla la Asamblea Legislativa, aprobó el miércoles en la Comisión de Política Internacional un proyecto de Declaración Camaral para la entrega de salvoconductos a exministros de Evo Morales, los que se mantienen asilados en la residencia diplomática de México, desde noviembre de 2019.
Longaric afirmó que “el salvoconducto otorga el Ejecutivo a través de la Cancillería cuando los mismos se otorgan a los asilados diplomáticos, a las personas que gozan de un asilo diplomático; es una competencia de la Cancillería y está regulado en sendos instrumentos americanos sobre asilo diplomático”.
Explicó que una declaración camaral no es vinculante o aplicación obligatoria. “La Asamblea Legislativa no puede arrogarse la atribución de emitir por sí mismo salvoconductos, esto debe ser realizado únicamente por el Ejecutivo” y, por lo tanto, continuó, la “declaración camaral, que fue propuesta es un pronunciamiento que expresa la opinión oficial de la cámara, no es una instrucción legalmente vinculante”.
En la residencia diplomática mexicana permanecen los exministros Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Hugo Moldiz, además del exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna, y el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, quienes afrontan diferentes procesos judiciales.
Según la canciller Longaric, entre una o dos personas no están acusadas de cometer delitos, en los hechos posteriores a las elecciones del 20 de octubre, el resto tiene mandamiento de aprehensión. “Excepto algunas personas, de uno dos creo, las otras personas que están asiladas en la residencia tienen mandamientos de apremio, dispuesto por el Ministerio Público”, añadió.
La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores protestó porque el Legislativo pretende invadir la jurisdicción de algunos poderes del Estado, con su declaración camaral. “El Legislativo tampoco puede derogar la jurisdicción, la competencia del Poder Judicial y del Ministerio Público”, en referencia a los mandamientos de aprehensión contra algunas exautoridades que se encuentran en la residencia diplomática mexicana.
Longaric precisó que si “una persona ha cometido (algún delito) ya no puede ampararse bajo la tutela del asilo”, pues este beneficio es para personas perseguidas por temas políticos. “El asilo es para proteger a personas injustamente perseguidas por cuestiones políticas”, añadió.
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