El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) expresó su preocupación ante la propuesta de algunos legisladores de aprobar un proyecto de ley de protección a dirigentes y miembros de movimientos sociales que impulsaron el bloqueo de caminos de 12 días, causando graves violaciones a los derechos humanos. Considera que vulnera no solo la Constitución sino también la ley y la convención internacional.
En su pronunciamiento, el Conalab manifiesta que tomó conocimiento de la propuesta de un proyecto de ley para su tratamiento en la Asamblea Legislativa y advierte que la aprobación de una amnistía o medida similar para cualquier persona o grupo, estaría vulnerando la Constitución y un conjunto de obligaciones internacionales y la ley boliviana.
El presidente del Conalab, Arturo Yáñez, manifestó que están exhortando a los legisladores a que cumplan su obligación de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva, al juicio previo de las víctimas y que cumplan con la convención americana de derechos humanos.
Los abogados del país hacen conocer que la Constitución Política del Estado consagra la garantía de igualdad por la que todas las personas son iguales ante la ley sin distinción alguna y que la pretendida impunidad constituiría, para las víctimas de los luctuosos hechos, un trato cruel, inhumano, degradante o humillante de parte del Estado.
Además sostienen que quedaría vulnerada la tutela judicial efectiva y oportuna o acceso a la justicia y que el artículo 110 de la Constitución determina que las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas, siendo responsables de sus actos materiales e intelectuales.
El Conalab recuerda a los legisladores que deben cumplir la normativa y jurisprudencia vinculante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que sobre las amnistías y medidas similares ya declaró sistemáticamente la responsabilidad internacional de los estados que la determinaron.
Asimismo, alertan que los legisladores deben cumplir los deberes internacionales del Estado boliviano, entre otros, el artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que les obliga a respetar los derechos y libertades reconocidos por la misma y a garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de todas las personas, sin lugar a trato discriminatorio.
“En consecuencia, exhorta a los asambleístas de la ALP para que, cumpliendo sus elementales obligaciones constitucionales y convencionales, eviten sancionar disposiciones que agreden el sentimiento de justicia del pueblo boliviano y revictimizan a quienes han sufrido la pérdida de sus seres queridos y bienes, haciéndose cómplices de impunidad e incurriendo en responsabilidades penales e internacionales”, señala el comunicado del Conalab.
Yáñez alertó a los legisladores que no hagan incurrir al Estado boliviano en responsabilidades internacionales, toda vez que hay una serie de casos a nivel del sistema interamericano en los cuales la Corte Interamericana sancionó a los estados que aprobaron leyes de impunidad, de amnistía o de cualquier otro tipo de liberación de responsabilidades penales y tratándose de graves violaciones a los derechos humanos.
La jefa de bancada del MAS, Betty Yañíquez, presentó este lunes un anteproyecto de ley para la protección y no criminalización de la protesta social, que tiene como objeto ratificar todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Revisa aquí el pronunciamiento del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab):
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