El MAS y otras tres organizaciones políticas han sido acusadas por sus rivales en las últimas semanas debido a la difusión de encuestas por parte de sus representantes, algo que prohíbe una ley, y el Tribunal Supremo Electoral está en la fase de análisis de esos casos.

En un primer momento sólo era el MAS el partido acusado de haber comentado encuestas mediante su candidato, Luis Arce, en una entrevista que le hizo Enrique Salazar, del canal Abya Yala.

Ahora se conoce también que las alianzas Juntos, Creemos y Comunidad Ciudadana han sido acusadas por la misma razón, informó el presidente del organismo electoral, Salvador Romero, entrevistado por Tuffí Aré, del programa Asuntos Centrales.

“Efectivamente tenemos un número importante de denuncias que se han planteado contra el Movimiento Al Socialismo por difusión de encuestas, pero también existen demandas similares (…) contra Creemos, contra Juntos y contra Comunidad Ciudadana”, dijo Romero.

El presidente del Órgano Electoral agregó que “son cuatro organizaciones políticas denunciadas por hechos que pudieran ser similares y en todos ellos se está procediendo de acuerdo al debido proceso, es decir que una vez que se recibe la denuncia, esta es ‘corrida en traslado’ al denunciado para que en un plazo breve pueda devolverla con su posición”.

Afirmó que en breve se conocerán los fallos sobre estas cuatro denuncias.

El artículo 136 de la Ley Electoral establece que los partidos no pueden difundir encuestas bajo riesgo de pérdida de su personería jurídica, como ocurrió en 2015 cuando Primero el Beni, una organización política aliada a Demócratas, fue anulada y sus 228 candidatos quedaron fuera de competencia, lo que le permitió al MAS dominar ese departamento.

Sin embargo, especialistas en el tema han señalado que la ley de Organizaciones Políticas, aprobada posteriormente a la Ley Electoral, no incluye entre las causales de inhabilitación, la difusión de encuestas. Por lo tanto, se cree que ni el MAS ni las otras fuerzas políticas serían inhabilitadas ya que la más reciente norma abroga los artículos de leyes anteriores que entren en conflicto.

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