El gobierno ve que detrás de las movilizaciones anunciadas por la COB y otros sectores afines al Movimiento al Socialismo está el expresidente Evo Morales. “Es él quien está incitando a la muerte y al contagio masivo, y quien tendrá que asumir la responsabilidad de las consecuencias que traiga consigo este llamado que hace”, resalta el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
El ministro Núñez señala que el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, nunca ha representado los intereses de los trabajadores de Bolivia. “Es de conocimiento público que defendió férreamente los intereses políticos de Morales, y una vez más demuestra que no tiene escrúpulos al convocar a movilizaciones y obligar a marchar sin la mínima responsabilidad ante las consecuencias futuras”.
Ante estos hechos, el Gobierno anuncia que las fuerzas del orden actuarán en apego a la Constitución Política del Estado resguardando la seguridad de los bolivianos. “La Policía Boliviana tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”, subraya Núñez.
La autoridad resaltó que “no permitiremos caos en Bolivia y vamos a denunciar ante la comunidad internacional este intento de desestabilización del gobierno, acción perpetrada por Morales desde Argentina”.
Considera que “antes Morales quería cercar las ciudades para no permitir la entrada de alimentos; ahora intenta dar lugar a un contagio masivo entre las familias bolivianas a costa del caos social”.
LAS MOVILIZACIONES
La Central Obrera Boliviana (COB) y el denominado Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones sociales afines al MAS, anticiparon que saldrán a las calles a protestar el martes, exigiendo que no se cambie la fecha de las elecciones generales, luego que el Tribunal Supremo Electoral hizo conocer una resolución que modifica el día de los comicios, inicialmente establecido para el 6 de septiembre, al 18 de octubre, ante la crisis que persiste por el Covid-19.
La movilización, que partirá de la urbe alteña, concluirá en un cabildo en la sede de Gobierno, según manifestó el máximo dirigente de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, que ratificó la necesidad de contar inmediatamente con un Gobierno elegido en las urnas.
Otras regionales también han lanzado advertencias. Los representantes de varias organizaciones sociales de Yapacaní también anunciaron movilización indefinida con la misma demanda.
Según el documento, se da un plazo de 48 horas -a cumplirse este domingo 26- al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se retracte de su posición “ilegal” y se exige el cumplimiento del calendario electoral establecido por la Ley 1304, con la fecha de las elecciones previstas para el 6 de septiembre.
LAS PLATAFORMAS RESPONDEN
Sobre las amenazas, la vocera de la plataforma Resistencia Femenina, Alejandra Serrate, manifestó que el camino correcto siempre será el diálogo y la conciliación; “sin embargo, cuando hay amenazas al orden público o la vida de terceros, el Estado no puede negociar con terroristas. Las autoridades no deben dar tregua a los violentos que amenazan el Estado de Derecho”.
Guillermo Paz, representante nacional de la plataforma 21F, que este martes ingresó un memorial al TSE pidiendo la cancelación de la personería jurídica del MAS, también cuestionó las amenazas de las organizaciones sociales y de los cocaleros.
“En una reunión nacional nuestra posición quedó clara. Los ciudadanos y las plataformas son los que hicieron escapar al jefe del MAS; estamos en un nuevo movimiento político, la población ha perdido el miedo a cualquier amenaza de estos grupos de choque del MAS y esa misma población está dispuesta a pelear por la democracia, obviamente con las plataformas liderando ese movimiento, y si se tiene que salir a las calles, vamos a hacerlo, pero no perderemos la democracia”, sostuvo.
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