El MAS se adelantó y envió al Tribunal Constitucional Plurinacional una acción concreta y otra abstracta de inconstituconalidad en contra del artículo de la ley 26 de Régimen electoral que ordena la suspensión de la personería jurídica del partido que difunda encuestas, y con ella sus abogados aseguran que el Órgano Electoral quedará bloqueado para actuar en contra del partido de Evo Morales y dejarlo sin candidatos, como ocurrió el 2015 en Beni con UD.

El abogado y analista Iván Lima consideró que este tema tiene solución en el artículo 82 de la ley 254 de Disposiciones generales, facultades especiales del Tribunal Constitucional, que señala que promovida una acción de inconstitucionalidad, no se interrumpirá la tramitación del proceso, y continuará hasta el momento de dictarse la sentencia o resolución final que corresponda, mientras se pronuncie el TCP.

Con esta cita se refirió a que el MAS, a través de su abogado, Wilfredo Chávez, presentó el miércoles de la semana pasada y este último lunes, una acción concreta y otra abstracta de inconstitucionalidad, ante el TCP en contra del artículo 136 de la ley 26 de Régimen Electoral.

“En sus cuatro líneas viola al menos siete preceptos de la CPE, todos los derechos que tenemos los bolivianos a la representación política, libertad de expresión y fundamentalmente al debido proceso, nunca una sanción puede imponerse inmediatamente sin un juicio. Esta norma no puede ser aplicada”.

Estas acciones se presentaron ante el TSE y el TCP. La estrategia se basa en frenar la acción del Órgano Electoral, porque para el analista Lima, ahora el Órgano Electoral no puede emitir un pronunciamiento como el que anuló la candidatura del exgobernador beniano hace cinco años porque ya no está en sus manos, sino en las del TCP.

“No existe riesgo alguno de que el MAS pierda su personalidad jurídica. Hasta que el TCP emita un veredicto, el TSE no puede lanzar ninguna resolución y la jurisprudencia no aplica, porque hace cinco años UD Beni equivocó el camino de defensa. Planteó amparos constitucionales para defenderse y fueron rechazados”, dijo Lima.

El MAS apuesta a que esa resolución, en el TCP, demorará al menos tres meses en emitirse. No hay casos en los que se hubiera pronunciado en menor tiempo, aseguró Lima. “Por lo tanto, asumo que todo se conocerá en octubre de este año. Es decir, después de las elecciones”.

El dirigente de Libre21, que postula a Jorge Quiroga, abogado constitucionalista Luis Vásquez, refutó las acciones del masismo haciendo notar que cuando se presenta un recurso, debe ir a la comisión de admisión. El artículo 76 de la misma norma que mencionó Lima establece que una vez presentado el recurso, la comisión de admisión ordenará que se ponga en conocimiento de la autoridad u órgano emisor de la norma impugnada, para que en 15 días se apersone y presente un informe.

Una vez cumplido ese plazo, se procede al sorteo para la emisión de la sentencia. Por lo tanto el MAS busca, según Vásquez, que el TCP plantee una medida cautelar para inhabilitar un veredicto del TSE. “Para eso necesitan la complicidad de la comisión de admisión, que sólo en recibirla y admitirla, tarda por lo menos cuatro meses”.

Para él, queda claro, “y el TCP lo debe saber, que esta es una maniobra para evitar que se trate este tema”. Bajo ningún punto de vista, recalcó, la sola presentación anula la posibilidad de una eventual inhabilitación del MAS para las elecciones.

Lima aseguró que efectivamente el objetivo podría entenderse como una forma de bloquear al TSE. “Había que hacerlo desde siempre. UD no lo hizo, el MAS sí, es una estrategia legal que permitirá que no se dicte una resolución del TSE. El artículo 82 de la ley que regula la acción concreta y dice que hasta que no se pronuncie el TCP, el Órgano Electoral no se puede pronunciar”.

Ante eso, el candidato vicepresidencial por Juntos, Samuel Doria Medina, señaló que Luis Arce y el MAS “están en un callejón sin salida, porque la jurisprudencia es letal. Hace cinco años UD sí presentó recursos ante el TCP, y perdió”. Garantizó que el caso es contundente, y lo que corresponde es que el MAS pierda su personería.

Por su parte, el postulante vicepresidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, dejó esa responsabilidad en manos del TSE, no del TCP. “Está en su jurisdicción. El órgano electoral es el competente y si en algo los estados deben ser rigurosos es en respetar las instituciones, y dejar que ellas actúen en función a las normas. El TSE conoce este caso por denuncias, esa es la instancia que debe definir, de acuerdo a ley”.

El excanciller y dirigente del MAS, Diego Pary, consideró que el candidato a la Presidencia, Luis Arce Catacora, no cometió ninguna falta ni delito electoral. Insistió en que el artículo 136 de la Ley 26 de Régimen Electoral establece de manera muy precisa que se sancionan a los partidos que difundan encuestas internas u otras desarrolladas por una encuestadora. “Arce solamente respondió a una consulta, no existe argumento jurídico en su contra”, dijo.

La norma dice que las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión serán sancionadas con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica.

“El MAS es el partido que más apoyo tiene en el país, el que tuvo una participación gravitante en los últimos 14 años, por lo tanto estamos seguros de participar en estas elecciones. El TSE debe actuar en base a la norma, salvo que haya una acción política”.

Hace cinco años, el Órgano Electoral definió la suspensión de la candidatura de Ernesto Suárez y 227 postulantes porque el jefe de campaña Carmelo Lenz difundió resultados de encuestas internas.

Arce, en una entrevista con Abya Yala habló de las encuestas encargadas por su partido. Dio a conocer que el MAS lidera la intención de voto; explicó que en segundo lugar está Carlos Mesa; en tercer puesto Jeanine Áñez y ahondó en detalles al mencionar que Luis Fernando Camacho está quinto y que Jorge Quiroga va por delante, en cuarto lugar.

El partido de Evo Morales ha alertado de que una decisión de ese calibre convulsionará al país, pero Doria Medina respondió que “si no se le quita la personería al MAS, también generará reacciones sociales. La ley debe aplicarse sin miedo a que alguien se enoje y no aplicarla, es un delito”.

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