FIFA, el máximo ente del fútbol mundial, sugirió un camino para terminar con la polémica que se desató por la venta de los derechos de televisión de la División Profesional, del periodo 2021-2024, pero dejó en claro que “(…) es un asunto interno a ser resuelto por la FBF (Federación Boliviana de Fútbol), de acuerdo con los Estatutos de la FIFA, sus estatutos y reglamentos internos, así como de cualquier ley nacional que resulte pertinente”.
El comité ejecutivo de la Federación lanzó la licitación el 16 de julio y tiene previsto que la apertura de sobres se realice el 10 de agosto, mientras que la firma del contrato será el 20 del mismo mes.
El grupo de clubes que se oponen a esta decisión (Bolívar, Blooming, Oriente Petrolero, Wilstermann, Royal Pari y Guabirá) firmaron un preacuerdo para la constitución de la sociedad Unidos por el Fútbol.
¿Cuál es el mejor camino para FIFA? El ente que rige el fútbol mundial respondió a una consulta del abogado de Bolívar, Rodrigo Quiroz sobre el artículo 67 apartado 1 del Estatuto de FIFA: “La FIFA, sus federaciones miembros y las confederaciones serán los propietarios originales de todos los derechos de competiciones y otros actos que emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin restricción alguna en lo que respecta al contenido, el tiempo, lugar o la legislación. Estos derechos incluyen, entre otros, todo tipo de derechos patrimoniales, de grabación y difusión audiovisuales, multimedia, promocionales y de comercialización y marketing (…)”.
En el mismo oficio, el director legal y de cumplimiento de FIFA, Emilio García Silvero, indica que el artículo 85 del Estatuto de la FBF replica lo que se menciona en la norma anteriormente mencionada. “(…) El comité ejecutivo decidirá cómo y en qué medida se utilizarán estos derechos y hasta qué punto se ejercerán los mismos, poseyendo la facultad exclusiva de autorizar la distribución y comercialización de las imágenes, sonidos”, agrega.
Para finalizar, indica que entienden que la contratación efectuada por la FBF se efectuará a través de un proceso de licitación “justo, transparente y en igualdad de oportunidades (…)”.
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