Esta tarde se determinó la suspensión de la declaración informativa del alcalde José María Leyes hasta el 7 de mayo tras la denuncia que presentaron tres concejales por la adjudicación a una empresa sin registro, para el servicio de comida a policías y militares, informó el abogado de Leyes, Tom Prieto.
“Ya iniciada la declaración se solicitó cierta documentación que habría estado en un sobre cerrado y no podemos prestar una declaración si no tenemos toda la documentación, motivo por el cual se ha suspendido esta audiencia”, expresó el abogado.
Prieto anunció que iniciará un proceso contra los tres concejales por calumnia.
Hoy, Leyes, dos de sus secretarios y otros funcionarios de Contrataciones se presentaron en la Fiscalía para brindar sus declaraciones.
Los primeros en prestar su declaración fueron los secretarios General y de Protección al Ciudadano, Elías Vásquez y Omar Cordero, respectivamente. También dos funcionarios de la dirección de Contrataciones.
Los concejales que denunciaron la supuesta irregularidad expresaron que en todas las contrataciones por emergencia, si bien se omite la licitación y se pueden hacer invitaciones directas, las alcaldías tienen que pedir el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
A ello se suma que la Alcaldía de Cochabamba elaboró un Reglamento de Contrataciones por Desastres o Emergencias del Decreto Municipal No. 155/2020, de 16 de abril, en el que pide RUPE.
El artículo 19 del Reglamento de Contrataciones por Desastres y Emergencia, elaborado por la cuarentena por la pandemia COVID-19, establece que para formalizar la contratación se debe pedir el RUPE ya sea a una persona natural o jurídica.
El 16 de abril, la Alcaldía adjudicó una orden de compra a la empresa Bunker Grill & Bar para unas 34 mil raciones para los policías y militares que controlan la cuarentena con un presupuesto de 488 mil bolivianos. El restaurante no presentó el RUPE aunque dice contar con esta documentación.
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