La presidenta de la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la «suspensión provisional» del presidente, Gustavo Petro, por supuestamente participar en la actual campaña política presidencial.

Se trata de una medida cautelar que nunca se había tomado antes en Colombia y que trata de acelerar el proceso de suspensión total del jefe de Estado, que solo puede ordenarlo el Senado, como dicta la Constitución.

El motivo de la suspensión

En Colombia está prohibido que un presidente intervenga en una campaña política a favor de alguno de los candidatos y se considera «una falta gravísima». 

Arizabaleta considera prueba de la participación «la difusión reiterada de mensajes a través de la cuenta oficial @petrogustavo entre el 6 y el 9 de junio de 2026, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos y a la campaña presidencial».

«Juan Manuel Restrepo (candidato a la vicepresidencia) es un extremista de la derecha de la iglesia católica», reza un mensaje. 

Una medida inédita

La presidenta de la comisión parlamentaria en mención es representante a la Cámara por una de las fuerzas que integran al Pacto Histórico, el partido de Petro, y también es exesposa de Roy Barreras, exembajador en Londres y aliado del presidente.

Nunca antes se había ordenado una medida cautelar de este tipo y Arizabaleta alega, entre otros motivos, la posibilidad de que la conducta continúe y se reitere, puesto que la segunda vuelta electoral está programada para el 21 de junio.

«En derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente», recordó el ministro de Interior, Armando Benedetti.

mbién Barreras, excandidato presidencial y expresidente del Congreso, recordó que «no tiene ninguna validez jurídica» la decisión y señaló -en su cuenta de X- que «la Comisión Legal de Acusaciones NO tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno».

¿Quién puede suspender a un presidente?

El artículo 194 de la Constitución colombiana dice que solo se inhabilita a un presidente por «su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado».

La Comisión de Acusaciones de la Cámara, integrada por dieciséis congresistas de diferentes partidos, es la única instancia que puede investigar a un presidente -y otros aforados-. Esta comisión recibe denuncias o investigaciones preliminares, recopila pruebas y decide si formular cargos y preparar un proyecto de acusación.

De ser así, la Comisión recomienda acusar al presidente o a otro alto funcionario y el caso pasa a manos de la Cámara de Representantes (Baja), que tiene que votar y aprobar la acusación y de ahí pasa al Senado (Alta), donde se somete al mismo proceso. Entonces, si pasa esas dos votaciones, el Congreso destituye al presidente.

¿Hay antecedentes?

En Colombia nunca se ha suspendido, destituido o inhabilitado a un presidente de su cargo.

Varios jefes de Estado han enfrentado procesos que han avanzado en la Comisión de Acusaciones, pero solo el del expresidente Ernesto Samper (1994-1998) ha prosperado. En 1996 la Comisión lo acusó en el denominado Proceso 8000 (por el que señalaron al mandatario de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial), aunque el 12 de junio de 1996 la Cámara de Representantes lo absolvió.

También el expresidente Álvaro Uribe fue investigado por la Comisión de Acusaciones por sus supuestos nexos con el paramilitarismo, que denunció el actual candidato presidencial Iván Cepeda en el Congreso y que fue la piedra inicial del actual proceso que llevó al expresidente a ser declarado culpable -y luego absuelto- por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

Petro también enfrenta investigaciones en la Comisión de Acusaciones por la denuncias de financiación irregular de su campaña y el proceso judicial que enfrenta su hijo Nicolás Petro y miembros cercanos de su partido. Pero no han prosperado.

El mandatario ya fue inhabilitado de su cargo pero cuando fue alcalde, en 2013, por una orden de la Procuraduría por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basuras de la capital colombiana, una suspensión que revocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

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