El riesgo por los incendios en Bolivia es latente, se acerca la etapa de chaqueo y en el mes de marzo se registraron 3.907 focos de quema en los departamentos de Santa Cruz y Beni y los primeros días de abril ya registran 237.
De acuerdo con el monitoreo desarrollado por el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), uno de los focos de quema más alarmantes durante marzo fue el ocurrido en el Parque Nacional Otuquis, en Santa Cruz, donde se incendiaron 4.928 hectáreas.
“El incendio (en Otuquis) sucedió por las quemas que ingresaron desde Brasil por los límites de Puerto Quijarro y Puerto Suarez, entre el 12 y el 16 de marzo. Al concluir el mes de marzo, en el parque se registraron 467 focos de quema acumulados. En 2019, Otuquis sufrió la quema de 303.619 hectáreas, extensión que representa el 30% de su superficie”, detalla CPTA.
Pese a la emergencia mundial por el coronavirus y las medidas que adoptan los estados de confinamientos y cuarentenas totales, hay alertas que no paran, como los riesgos de registrar incendios similares a los del 2019.
Entre el 1 y el 5 de abril se registraron 225 focos de quema acumulados en el departamento de Santa Cruz, y 12 en el Beni. De este total, 34 se ubican en áreas protegidas y nueve en territorios indígenas de Santa Cruz y Beni.
El mes de marzo en Bolivia se registraron 4.288 focos de quemas acumulados, de los cuales 3.625 se ubicaron en el departamento de Santa Cruz y 282 en Beni. De estos focos de quema, 723 se concentraron en 16 áreas protegidas y 12 en territorios indígenas de ambos departamentos.
“No hay cuarentena para los bosques en Bolivia”, detalla el activista Pablo Solón, quien da cuenta que durante esta etapa de emergencia en el país (desde el 22 de marzo al 5 de abril) se han producido 618 alertas de fuego. “El 85 % de ellos se registró en las provincias de Cordillera, Chiquitos y Yacuma, el 11 % en área protegidas y un 2 % en áreas vírgenes”.
Desde diferentes instancias, colectivos y dirigentes indígenas aún se exige a los poderes Ejecutivo y Legislativo la abrogación de un paquete de las denominadas “normas incendiarias”, sobre el argumento de que fueron las causantes de los incendios del pasado año en la Chiquitania con un saldo de más de cuatro millones de hectáreas devastadas en esa región y cinco millones a nivel nacional.
En esa línea se pide la abrogación, por ejemplo, de las siguientes normas: Ley 741 de autorización de desmontes, DS 3973 que autoriza quemas y desmontes controlados en Santa Cruz y Beni y la Ley 1171 de manejo y uso de fuego para la actividad productiva.
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