La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) solicitó este sábado al Gobierno boliviano impulsar acciones legales y diplomáticas contra el fiscal regional de Arica, Chile, Mario Carrera, por su actuación en el denominado caso “narco-maderas”, que —según el sector— afectó la reputación del rubro forestal y puso en riesgo las exportaciones nacionales.
A través de un comunicado, la entidad manifestó su “profundo malestar y preocupación” por el manejo de la investigación sobre un cargamento de madera boliviana presuntamente contaminado con sustancias controladas. A su juicio, la denuncia se habría basado en una interpretación errónea de los resultados obtenidos por las autoridades chilenas, lo que generó incertidumbre en los mercados internacionales.
El pronunciamiento advierte que la difusión del caso comprometió relaciones comerciales construidas durante años, además de dañar la credibilidad de un sector considerado estratégico para la economía del país. En esa línea, cuestiona que una actuación que considera carente de rigor técnico haya derivado en consecuencias negativas sin que hasta ahora exista una rectificación pública.
Por ello, la Fepsc exhortó al Estado boliviano a presentar un reclamo formal ante el Gobierno de Chile, así como a promover una investigación sobre el desempeño del fiscal regional de Arica. También planteó la necesidad de activar las acciones administrativas y legales correspondientes por los perjuicios ocasionados.
El sector empresarial pidió, además, que el caso sea esclarecido con celeridad y transparencia, con el objetivo de restituir la confianza de los mercados internacionales.
El caso “narco-maderas” salió a la luz el 8 de junio de 2026, cuando autoridades chilenas informaron sobre el hallazgo de 1.080,8 toneladas de madera provenientes de Bolivia, presuntamente impregnadas con cocaína, ketamina y otras sustancias ilícitas en puertos como Arica, Valparaíso y San Antonio.
En ese momento, las autoridades del vecino país estimaron que la carga contenía más de 100 toneladas de droga, calificando el operativo como el mayor decomiso de este tipo en su historia. No obstante, el Gobierno boliviano indicó que las investigaciones en Chile se remontaban a octubre de 2025, dentro de un proceso internacional que indaga una red de narcotráfico que utilizaba cargamentos de madera para el envío de droga al exterior.
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