El mundo permanece en emergencia y ya las cifras llegan a más de un millón de contagios y 55 mil fallecidos a causa del coronavirus. Sectores vulnerables como los pueblos indígenas piden la atención de los gobiernos frente a las medidas que se toman para prevenir el contagio, dada la carencia de alimentos, deficiencia nutricional y precario acceso a los sistemas de salud que los ponen en mayor riesgo.
En Bolivia, es el caso de las comunidades indígenas ayoreas asociadas a la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob) en Santa Cruz, que ya anunciaron una protesta demandando al gobierno ser tomados en cuenta en la distribución de la canasta familiar de Bs 400, debido a que este monto no alcanzaría a las más de 250 familias que se encuentran asentadas en la urbe cruceña.
“En las comunidades nos dicen que si no morimos por la enfermedad, seguramente moriremos de hambre, porque ya se siente; mucho más cuando nos están prohibiendo salir a trabajar y los ayoreos vivimos por el pan de cada día”, señaló el presidente de la Canob, Manuel Chiqueno.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) da cuenta que según la CANOB, la mayoría de los indígenas ayoreos al momento no acceden a la Renta Dignidad, Juana Azurduy y el bono para las personas con discapacidad grave y muy grave otorgado por el Estado, “por lo que la dotación de la canasta familiar durante la cuarentena, no los alcanzará, agravando su situación de vulnerabilidad”.
Similar situación ocurre en el departamento de Cochabamba. Mediante un pronunciamiento emitido recientemente, el Consejo Indígena Yuqui de Cochabamba instó a las autoridades nacionales a tomar medidas urgentes al ser considerado un pueblo altamente vulnerable y en riesgo de extinción.
“Demandamos medidas urgentes para atender al pueblo Yuqui en situación de vulnerabilidad de manera directa en nuestra comunidad y/o a través de nuestras organizaciones como el Consejo Yuqui y nuestra organización nacional Cidob, para que el apoyo a la población llegue a las comunidades y la gente no tenga que salir al pueblo a arriesgarse, considerando que tenemos problemas de inmunodeficiencia; hacemos notar que la falta de atención significaría una forma de genocidio hacia nuestro pueblo”, detalla este pronunciamiento.
Representantes del pueblo Yuqui, aseguraron que tampoco podrán acceder a la “canasta familiar” porque “en nuestras comunidades no se conocen el Bono Juana Azurduy programa que no se adecua a la forma de vida de las madres indígenas y peor aún el bono de discapacidad que jamás registro a una sola persona de este pueblo indígena”.
En las medidas que se toman en Latinoamérica por la acelerada expansión del Covid-19, han sido los mismos pueblos indígenas que se atrincheraron y cerraron su territorio para evitar mayores riesgos, sin embargo, su vulnerabilidad es latente.
En Colombia más de 100 mil familias indígenas también piden la protección de su gobierno frente al coronavirus. Al enterarse de esta pandemia, muchos indígenas nukak, del sudeste de país, decidieron adentrarse a la selva para aislarse y evitar contagios.
“Nuestros pueblos no tienen agua potable, están subalimentados, con altos niveles de desinformación y dificultades de acceso a centros de salud”, dijo al diario español El País, Armando Wooriyu Valenzuela, secretario de la Alta Instancia de Pueblos Étnicos para la Paz.
Los datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) establecen que el riesgo de la pandemia se cierne sobre 115.000 familias indígenas, cerca de 1.905.000 personas en todo Colombia.
En Perú, los indígenas de la Amazonía también se han declarado en alerta, dado que fueron duramente golpeados por el dengue y hoy el riesgo es mayor con el coronavirus. La ONG Amazon Watch advirtió que la propagación de esta pandemia “puede tener un efecto devastador sobre los pueblos indígenas, particularmente en aquellos que viven en aislamiento voluntario" en la Amazonía.
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