El Ejecutivo envió ayer, en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la constitucionalidad del proyecto de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, antes denominada ley de garantías, y solicitó una "medida cautelar" para parar el procedimiento legislativo hasta la emisión de una declaración constitucional, informó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.
"Hemos presentado un recurso de consulta previa de constitucionalidad ante el TCP, a efecto de que se pueda dar una revisión exhaustiva a este proyecto de ley de garantías que se ha aprobado en Diputados. Incluimos una medida cautelar que espera parar el procedimiento legislativo", informó.
Esa propuesta de ley establece garantizar los derechos de líderes políticos, sociales, cívicos y personas movilizadas en los conflictos de octubre y noviembre. Además los legisladores del MAS anunciaron que si la presidente Jeanine Áñez no promulga la norma, lo harán desde el Legislativo.
