Desde Argentina, donde se encuentra asilado desde el la anterior semana en espera de la otorgación de refugio, Evo Morales aseguró que aún es presidente de Bolivia y que, en consecuencia, no se someterá a un juicio ordinario como el que comenzó en su contra por delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
En una conferencia de prensa en Buenos Aires, un día después que una comisión de fiscales emitió en el país una orden de aprehensión en su contra dijo que si bien renunció al cargo el 10 de noviembre, su renuncia aún no fue aceptada ni rechazada oficialmente por la Asamblea Legislativa, lo que en su criterio significa que sigue en el cargo.
Apeló en su argumentación al párrafo tercero del artículo 161 de la CPE, que establece que el Legislativo se reunirá para “admitir o negar la renuncia de la presidenta o presidente del estado, y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado”.
El artículo 170 de la CPE determina que uno de los motivos por los que la presidenta o presidente del Estado “cesará en su mandato” es “por renuncia presentada ante el Legislativo.
Morales reiteró que su renuncia fue consecuencia de un “golpe de Estado” orquestado desde fuera y dentro del país.
Luego, publicó en su cuenta en Twitter un mensaje en el mismo sentido. "Legalmente sigo siendo Presidente. Mi renuncia no fue considerada por la Asamblea como dispone el Art. 161 Num. 3 de la CPE. De haber sido aceptada, tampoco se cumplieron los procedimientos para una sucesión constitucional por lo que Áñez se autoproclamó ilegalmente", escribió Morales.
El además líder del MAS renunció a la Presidencia el 10 de noviembre para luego asilarse en México y después en Argentina, mientras en Bolivia, ante el vacío de poder generado por su ausencia, asumía la presidencia “transitoria” Jeanine Áñez con aval del Tribunal Constitucional.
Ahora enfrenta en Bolivia un proceso por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo debido a unos contactos telefónicos que, desde que se asiló en México el 12 de noviembre, habría sostenido con el cocalero procesado por narcotráfico Faustino Yucra para coordinar medidas de presión contra las zonas urbanas que se movilizaron para lograr su renuncia.
El fiscal general, Juan Lanchipa, descartó que en este caso corresponde un juicio de responsabilidades contra Morales, ya que el caso estalló luego de que renunció a la Presidencia.
