El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural, solicitó formalmente a la Fiscalía y la Asamblea Legislativa que se reactive el proceso para juicio de responsabilidades del exministro Hugo Salvatierra, padre de la senadora Adriana Salvatierra, por la entrega irregular de tractores que dejó al Estado un daño económico de 581 mil bolivianos.
La información fue proporcionada por el ministro Samuel Ordoñez, quien hizo un recuento del proceso que se inició a Hugo Salvatierra y los delitos que se le endilga.
Según señaló Ordoñez, el exministro Salvatierra era responsable de la adjudicación de 99 tractores FIAT, que debieron ser destinados a organizaciones sociales de personas que habían sufrido los efectos del desastre natural de 2006.
Sin embargo, el proceso de adjudicación y crédito tuvo irregularidades. "De los 99 tractores no se no se cumplió la entrega a quienes deberían haberse entregado, a organizaciones sociales que sufrieron el desastre del 2006", indicó el Ministro.
Las anomalías de tipo administrativo fueron detectadas en una auditoría encargada en 2008 por la entonces ministra Susana Rivero. Dicho estudio estableció que había responsabilidad de Hugo Salvatierra.
Se inició el proceso y la Fiscalía terminó emitiendo un requerimiento acusatorito contra Hugo Salvatierra y otros exfuncionarios, debido a que se encontró contratos irregulares, que no garantizaban la devolución del dinero del crédito, pero además había desaparecido documentación original.
Hugo Salvatierra fue acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos del Estado y conducta antieconómica.
El valor de los 99 tractores era de 924 mil bolivianos, y el saldo por cobrar es de 581 mil bolivianos, según el ministro Ordoñez.
El Ministro actual señaló que esos 581 mil bolivianos es el monto del daño económico causado por entregar las maquinarias de forma "arbitraria" y sin asegurar la recuperación de los créditos. Manifestó que Hugo Salvatierra tendrá que presentar sus descargos.
El proceso contra Hugo Salvatierra ya fue remitido por el Órgano Judicial al Parlamento hace más de 10 años, sin embargo, desde entonces, la Asamblea controlada por el MAS no toca el tema. El poder legislativo tendría que autorizar el juicio.
El Ministerio de Desarrollo Rural informó que ya ha mandado a la presidenta de la Asamblea, Eva Copa, y la Fiscalía solicitudes para que reactiven el caso.
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