La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en consenso con organizaciones de la prensa de Bolivia, presentó ayer un proyecto de decreto supremo orientado a recuperar la libertad de expresión y garantizar los derechos de los trabajadores de ese gremio, que se habían vulnerado en los últimos años.

Lizárraga y los principales representantes de las asociaciones y federaciones de la prensa de los nueve Departamentos coincidieron en que la elaboración de esa norma es un hito histórico que genera un "huracán de libertad de expresión" en el país.

"Este es un proyecto consensuado con la prensa boliviana que nos va a permitir y dará otra imagen; es la recuperación de la libertad de expresión de nuestro país", dijo Lizárraga.

Aseguró que con esa norma los periodistas y fotoperiodistas ya no tendrán miedo de denunciar la verdad y que el principal objetivo es recuperar la libertad de expresión por completo.

Informó que esa norma fue elaborada por mandato de la presidenta Jeanine Áñez y expresó su confianza en que ese proyecto de decreto sea analizado por el gabinete ministerial.

El proyecto de decreto supremo tiene por objeto garantizar el trabajo periodístico a través del acceso a la información pública y al renacimiento a sus derechos laborales con el respeto a la libertad de opinión, expresión y de prensa en el marco de la pluralidad democrática que consolida la información como un derecho humano.

Establece también que las máximas autoridades ejecutivas de todas las entidades e instituciones públicas del Órgano Ejecutivo garantizarán el acceso a la información pública a las personas sin distinción de ninguna naturaleza, debiendo establecer en cada entidad e institución los mecanismos adecuados que permitan la obtención rápida y oportuna de la misma.

DERECHOS LABORALES

En cuanto a los derechos laborales, ese proyecto instituye que los periodistas de medios de comunicación privados, en cuya relación laboral concurran las características esenciales de la relación laboral señaladas por ley, gozarán de todos los derechos y beneficios reconocidos por la Constitución y las leyes que les sean aplicadas.

Además, instruye al Ministerio de Comunicación atender las medidas necesarias para asignar o reasignar las radios de los pueblos originarios en el marco de la inclusión social para ampliar el derecho de acceso a la información.