La sorpresiva decisión del Concejo Municipal de mandar a retirar las antenas que 24 medios de comunicación tienen en el Cerro Chico de Potosí no es un asunto de mera “contaminación visual”, como reza en el informe edil, sino que pone en evidencia que esa medida tiene trasfondo político.

El retiro de las antenas es respaldado por gente que cree que estas afean la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, a la que casi tapan totalmente, pero los argumentos de los medios, que recuerdan que no se puede interrumpir sus transmisiones ni asumir medidas restrictivas con sus equipos, ha llevado el asunto a un debate sobre la libertad de expresión y de información, garantizadas por el artículo 106 de la Constitución Política del Estado.

En criterio de los medios, que han realizado transmisiones colectivas para hacer conocer su rechazo, el retiro de las antenas es una represalia del Concejo Municipal por haber reflejado la crisis que sacude a ese organismo en el que las tres organizaciones políticas representadas en la directiva (MCP, MAS y AS) están divididas y con pugnas internas.

Ese argumento es respaldado por las instituciones no oficialistas, mientras que las oficialistas, o afines al gobierno, simplemente guardan silencio. Eso se puede ver, por ejemplo, en el caso del Comité Cívico Potosinista en el que el directorio no oficialista, presidido por Alberto Pérez, “brinda su total respaldo a los medios de comunicación y prensa de la Villa Imperial” con un documento en el que afirma que “el silenciar a los medios de comunicación y a la prensa es un método del masismo y sus aliados para ocultar y tapar la corrupción existente en el municipio potosino”. Por su parte, la directiva presidida por Edgar Bohrt, que es la que ha sido reconocida por la Gobernación y Alcaldía, no se ha manifestado sobre este tema.

Algo similar pasa en la federación de la prensa en la que el Comité Ejecutivo Departamental encabezado por Erwin Valda ha señalado que “dentro este tema, se encuentran en riesgo la Libertad de Prensa, la Libertad de Expresión, y Derecho al Trabajo, todos consagrados en la Constitución boliviana”. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Potosí, que no está dividida, advierte que “existe la intención de atentar contra la Libertad de Expresión, Prensa e Información (y) rechaza rotundamente esta intención de coartar estas bases fundamentales de nuestra labor periodística del día a día, al querer acallar medios de comunicación con el retiro de equipos y antenas sin haber socializado los proyectos, iniciativas y otros acerca de este tema”.

La otra observación que surgió a raíz de este debate es la doble moral del Concejo Municipal que, cuando se trata del daño diario que las cooperativas mineras le causan al Cerro Rico argumentan que la Alcaldía no tiene jurisdicción en el tema, puesto que esta sería del Ministerio de Culturas, pero actuó, incluso diligentemente, para ordenar el retiro de las antenas de medios de comunicación, ejerciendo la jurisdicción que antes negaba.

Finalmente, se recuerda que el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, Emilio Elías, fue denunciado por la ejecución de trabajos que atentan contra el patrimonio, en su casa de la calle Hoyos, en el centro histórico, pero no se conoce que haya sido sancionado por ello.

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