Como consecuencia de los hechos de violencia desatados después de las elecciones del 20 de octubre, la Fiscalía abrió 368 casos concentrados, en su mayoría, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De ese total, 87 están con detención preventiva, 192 con medidas sustitutivas y 89 están en libertad, mientras que 29 personas perdieron la vida en ese periodo de violencia.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, hizo una evaluación del trabajo fiscal al momento y explicó que los casos en investigación son por los delitos de terrorismo, sedición, incitación a la violencia, daños a la propiedad privada, asociación delictuosa y otros delitos mayores que están en proceso de indagación.
Del total de casos 6 están en Chuquisaca; 2 en Tarija; 25 en Pando; 118 en La Paz; 7 en Oruro; 92 en Cochabamba; 22 en Beni, y 96 en Santa Cruz. En ese periodo de conflictividad fueron reportados 29 muertos, de los que 12 están La Paz; 12 en Cochabamba; 1 en Potosí y 4 en Santa Cruz. También se informó de 33 heridos: 15 en La Paz; 5 en Oruro; 9 en Cochabamba y 4 en Santa Cruz.
Las denuncias de fraude electoral, después de las elecciones, activaron una escalada de protestas lideradas por los cívicos, a la que se sumó el motín policial a escala nacional y la sugerencia del mando militar de entonces, al mando de Williams Kaliman, de dimitir. Horas después de ese 10 de noviembre Evo Morales dimitía al cargo, junto al vicepresidente Álvaro García desde el Chapare.
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