La jueza cuarto anticorrupción de La Paz, Melina Lima, determinó ayer la detención domiciliaria, sin salida laboral, para el diputado opositor de UD Amílcar Barral y detención preventiva en Chonchocoro para su asistente, Marcelo G., ambos son procesados por presunta extorsión a privados de libertad en la cárcel de San Pedro.

"Hemos demostrado que Patana vende celdas y todo eso, pero igual la jueza ha decidido la detención domiciliaria y que no tenga salidas laborales, a pesar de que estoy protegido por el artículo 151 de la CPE. Saben que, si falto cinco días, me sacan de la cámara", refirió Barral.

Además, del arresto domiciliario, Barral debe pagar una fianza de Bs 50 mil para cumplir las medidas sustitutivas, mientras tanto seguirá en celdas policiales. El legislador opositor aseguró que el caso es político, que busca alejarlo de su curul.

Omar Durán, uno de los abogados de Barral, dijo que se apelará la decisión judicial para revertir el tema de la prohibición de las salidas laborales.

Dijo que la jueza dispuso que el asistente de Barral cumpla detención preventiva en el penal de Chonchocoro puesto que en la cárcel de San Pedro están recluidos los privados de libertad vinculados al caso.

El diputado informó que esa decisión también será apelada debido a que Chonchocoro es una cárcel de máxima seguridad y se teme que la seguridad de su asistente corra riesgo.