El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de siete artículos y dos disposiciones transitorias de la Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales, informó ayer la diputada accionante Fernanda San Martín.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) impulsó la presentación de la acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de varios artículos de la Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales, a través de San Martín.
Mediante este recurso judicial, presentado el 8 de enero de 2019, la organización pide la suspensión de la aplicación de la norma hasta que se resuelva la acción porque considera que su vigencia "puede ocasionar daños irreparables" al patrimonio de sus afiliados, sus actividades, negocios y la propia economía de las empresas o a los derechos de terceros.
La CEPB considera que algunos contenidos de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11, además de las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la norma violan derechos humanos y garantías, asimismo principios constitucionales como la igualdad y no discriminación, la protección a la propiedad privada, la libertad de empresa, libre asociación, circulación, garantía del debido proceso, derecho a la defensa, el principio de impugnación, entre otros.
