El fiscal, Enrique Rodríguez, informó ayer que el mayor de la Policía Kurt Brun Ríos, que este año formó parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Chapare y en 2014 fue agente antinarcóticos en el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz, viajó a Cartagena, Colombia, invitado por el narcotraficante prófugo, Pedro Montenegro.
“Sí, figura también como investigado estamos evaluando su situación y vamos a tomar su declaración en cualquier momento. Tengo entendido que tiene el grado de mayor”, mencionó Rodríguez.
Ayer el director de la Felcc, coronel Jhonny Aguilera, afirmó que Kurt Brun Ríos también es investigado por formar parte del viaje de 18 personas a Cartagena, costeado por Montenegro, que demandó 19.300 dólares.
Una fotografía del viaje a Colombia muestra al excapitán Fernando Moreira, que tiene baja por este caso; a su esposa Esther Guiguita A., procesada por narcotráfico; al hijastro del excoronel Gonzalo Medida, Robin Justiniano que fue aprehendido; y a Kurt Brun Ríos, todos junto a Montenegro.
El exdirector de la Felcc de Santa Cruz, excoronel Gonzalo Medina y el exjefe de la División Propiedades de la Fuerza Anticrimen, excapitán Fernando Moreira, fueron detenidos por tener presuntos nexos con el narcotráfico. Ambos fueron dados de baja.
El Ministerio Público imputó a ambos policías por encubrimiento y asociación delictuosa. Los dos se encuentran aprehendidos en la Felcc de Santa Cruz.
Existen otros policías que serán investigados por este mismo caso, como los directores nacionales y departamentales de la Interpol de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, ya que Montenegro se movilizó aparentemente sin problemas en el país dfurante todo ese tiempo a pesar de que pesaba en su contra una orden de captura internacional emitida por la Interpol.
Este caso se activó tras la filtración de un audio que develó el viaje de oficiales de la Policía a Panamá para cerrar una venta de un cargamento de droga.
Luego de una investigación, Medina y Moreira fueron dados de baja y detenidos preventivamente tras ser acusados por los presuntos delitos de asociación delictuosa, encubrimiento y confabulación, contemplados en la Ley 1008.
El caso obligó al Ministerio de Gobierno a tomar medidas inmediatas como la reestructuración total del personal de las unidades policiales cruceñas y el hecho de que todos los uniformados se sometan a la prueba del polígrafo o detector de mentiras, además de que sean filmados mientras ejercen sus funciones, entre otras cosas.
