Estudiantes, docentes y padres de familia de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) marcharon ayer, nuevamente, hasta el centro de La Paz porque no están conformes con la sentencia de cinco años del subteniente Cristian Casanova, acusado de matar a Jonathan Quispe. Exigen destituir al juez y fiscal del caso.
Los manifestantes identificaron al fiscal Rudy Terrazas y el juez Ángel Mendoza de ser los responsables y permitir el procedimiento abreviado, con el que Casanova logró la sentencia de cinco años.
El 24 de mayo de 2018, un proyectil acabó con la joven vida de Jonathan Quispe Vila, el chico alteño de 20 años, deportista dinámico y solidario de orígenes humildes al que le gustaba la lectura y que quería ser periodista de radio.
La Universidad Pública de El Alto se declaró en estado de emergencia y la familia de Quispe solicitó una auditoría al procedimiento judicial.
La UPEA rechaza que las autoridades judiciales hayan permitido un juicio abreviado a Casanova por el tipo penal de homicidio, cuando la querella era por asesinato.
“Queremos un juicio ordinario, no queremos un juicio abreviado”, demandó el rector de la universidad alteña, Freddy Medrano.
“Esperamos que vuelva la cordura y la razón y que intervengan las autoridades correspondientes”, anadió el funcionario universitario.
Desde la bancada de UD solicitarán al Concejo de la Magistratura una auditoría sobre el fallo. El diputado de este partido, Gonzalo Barrientos, explicó que el objetivo es conocer las razones por las que se cambió la tipificación del delito de asesinato a homicidio.
