El ministro de Gobierno, Carlos Romero, demandó ayer lunes que las personas involucradas en el caso de la “emboscada” a efectivos antidroga de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el Chapare sean procesadas por el delito de tráfico de drogas. Asimismo, reveló que se investiga a dos pilotos civiles.
“Tenemos el indicio de un involucramiento directo de tráfico de drogas de una familia y de otras que estarían haciendo cobertura, con una suerte de tarea de seguridad. Igualmente, hemos ampliado la denuncia por tráfico de drogas. Será la investigación la que va a detrminar responsabilidades, pero en última instancia todos deberán ser procesados por tráfico de drogas”, afirmó.
De acuerdo con un boletín de la Fiscalía, los sindicados son procesados por los delitos de asesinato en grado de tentativa; lesiones graves y leves; asociación delictuosa, tenencia y portación ilícita y hurto o robo de armas. Pero también el Ministerio de Gobierno había denunciado a los sospechosos por cobertura al narcotráfico.
Asimismo, el ministro reveló que la Policía viene trabajando en establecer los “posibles nexos” de dos pilotos civiles y otras personas con el incidente ocurrido el 2 de marzo en la comunidad San Rafael, en el municipio de Villa Tunari en Cochabamba.
El hecho dejó dos efectivos policiales heridos y un civil con antecedentes de narcotráfico fallecido. “Hablamos de dos pilotos civiles, hablamos de algunas personas que son señaladas como parte de la investigación”, apuntó.
El fin de semana la Justicia decidió enviar con detención preventiva a siete de los 10 aprehendidos a diferentes centros penitenciarios y fijó medidas sustitutivas para otros tres.
Los imputados Ancelmo M. P., Agripino N. M. y Manuel S. H. fueron enviados al penal de San Antonio; mientras que Albino S. L. y Jhonny M. R. al penal de San Sebastián varones.
En el caso de Cristhian E. F. y Jesús E. C., ambos cumplirán detención en el centro penitenciario de San Pedro de Sacaba.
El juzgado dispuso las medidas sustitutivas para Casto A. P., Román C. T. y Juan F. N.
El Ministro de Gobierno anunció que su despacho actuará con "severidad y celeridad" en el caso para dar con los responsables del ilícito a través de una investigación que incluye, sin distinción, a cocaleros y a otros pobladores. De todos los sindicados, solo uno declaró ser afiliado a los productores de coca de esa región.
