La Defensoría del Pueblo presentó ayer martes el informe sobre la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad en las 19 cárceles de Bolivia, donde destaca que un policía tiene que vigilar a 23 detenidos y un médico debe atender un promedio de 410 reos, informó Susana Salinas, funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

La investigación para la conclusión del informe se desarrolló entre junio a noviembre de 2018 en 19 centros penitenciarios del país, de los cuales siete cárceles son de varones, cuatro de mujeres y ocho penales mixtos.

"El hacinamiento hasta mayo de la gestión 2018 asciende a 225 por cietno, cuyo pico más alto se advierte en los centros del departamento de Chuquisaca que tiene una capacidad para albergar 102 internos y cuenta con una población penitenciaria de 738", manifestó Salinas.

HACINAMIENTO

El hacinamiento sigue siendo un problema que refleja la crisis del sistema penitenciario y eso se debe fundamentalmente a la excesiva aplicación de la detención preventiva. Se tiene un 69,92 por ciento de la población carcelaria con detención preventiva y 30,08 por ciento con sentencia condenatoria.

Esto ha generado una desproporcionalidad en cuanto a la atención en tareas de seguridad, salud, educación, infraestructura, actividades laborales, alimentación, entre otros.

CIFRAS

Se cuenta con un total de 18.895 privados de libertad en los 19 centros penitenciarios del país, entre detenidos preventivos y sentenciados, para los cuales se destinó a 432 uniformados para realizar las tareas de vigilancia y control, cifra que no es suficiente no solo para las tareas de vigilancia interna y externa, sino también para el control de los reos y acompañamiento en salidas judiciales.

"La carencia de personal de seguridad externa dificulta las salidas judiciales de atención médica y otros. Existe un promedio de 20 salidas, tanto para audiencias como atenciones médicas, por día", manifestó.

En el área de salud se cuenta con un promedio de un médico para la atención de 410 privados de libertad, en Potosí la situación es más alarmante ya que se cuenta con un galeno para atender a 881 reos.