La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó ayer martes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad abstracta contra siete artículos y dos disposiciones transitorias de la Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales.

Mediante este recurso judicial, la organización pide la suspensión de la aplicación de la cuestionada norma hasta que se resuelva la acción porque considera que su vigencia "puede ocasionar daños irreparables" al patrimonio de sus afiliados, sus actividades, negocios y la propia economía de las empresas o a los derechos de terceros.

Según una nota de prensa de la CEPB, algunos contenidos de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11, además de las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la Ley de Empresas Sociales violan derechos humanos y garantías.

Asimismo los principios constitucionales, como la igualdad y no discriminación, la protección a la propiedad privada, la libertad de empresa, libre asociación, circulación, garantía del debido proceso, derecho a la defensa, el principio de impugnación, entre otros.

La CEPB aclaró que no se opone a la creación de empresas sociales bajo la figura y principios establecidos en el artículo 54 de la CPE, pero remarcó en su nota: "en la forma como fue promulgada la Ley 1055, fomenta la confrontación entre trabajadores y empleadores, deja a las empresas en indefensión frente a toma de unidades productivas, posibilita la confiscación de la propiedad privada y desalienta la inversión y la creación de nuevas empresas".