La impunidad en casos de agresiones a periodistas y la imposición de la decimotercera ley que confisca recursos a los medios privados marcaron una política gubernamental de asfixia al trabajo periodístico, según el análisis de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a diarios y una agencia de noticias.
Las agresiones físicas, hostigamiento y amedrentamiento sufrido por mujeres periodistas durante la apertura del nuevo edificio presidencial, el 9 de agosto, quedan sin investigación y sin responsables.
La Unidad de Monitoreo de la Libertad de Expresión de la organización de medios denunció varios incidentes que generaron situaciones de alto riesgo para periodistas y activistas de derechos humanos, según la nota de prensa de la ANP.
El 19 de agosto, un grupo de periodistas y la Comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fueron retenidos en la población de Isinuta (Cochabamba) por colonos afines al gobierno, durante cinco horas, mientras intentaban visitar el Tipnis, en el sector denominado Polígono 7.
Entre otros casos reportados por el único observatorio boliviano especializado en temas de prensa y libertad de expresión se menciona el atropello al diario El Gran Chaco que circula en la ciudad de Yacuiba, Tarija y en junio, el caso del canal privado "Atesur" de Sucre.
El 23 de agosto, la ANP rechazó la propuesta del Gobierno de crear una ley contra la mentira "porque limitaría la libertad de expresión y las garantías constitucionales que protegen el trabajo independiente de periodistas y medios".
Las organizaciones defensoras de la libre expresión Ifexalc y la Alianza Regional que representan a organizaciones de varios países expresaron su preocupación por la vigilancia policial a mensajes difundidos por periodistas y líderes de opinión en las redes sociales.
