Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado esperan desde hace casi seis meses que el Estado cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ONU).
Observan que sí hubo diligencia del Gobierno respecto al caso Quiborax.
Este 12 de octubre se cumple el plazo para que el Estado boliviano dé cumplimiento a la resolución del comité.
Pero hasta la fecha, la Procuraduría General del Estado no se ha comunicado ni con Delgado ni con Maldonado que fueron afectados con la vulneración de sus derechos políticos.
"Estamos esperando que el Estado cumpla el dictamen. Escuchamos al ministro (Héctor Arce) y al procurador general (Pablo Menacho) que cumplirán los fallos. Entonces, queremos que cumplan el dictamen como restitución (que ya no será posible), la indemnización y la satisfacción pública", declaró Delgado en la ciudad de La Paz.
Maldonado dijo en su cuenta de Twitter: "Hoy vence el plazo. El Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, dictaminó que hubo vulneración de derechos políticos y negación de justicia a ‘RebecaDelgado’ y mi persona. La PGE ha guardado silencio lo que pone en entredicho la fe del Estado y subsiste la responsabilidad estatal".
Ambos exlegisladores esperan desde el 17 de abril queel Gobierno se comunique, pero nadie lo hizo. Delgado observó que no sucedió lo mismo en el caso Quiborax, en el que el Gobierno procedió con "diligencia" para cancelar 42 millones de dólares, en el juicio que perdió el Estado.
