En medio de cruces de acusaciones en torno a una supuesta persecución política y sin el voto opositor, el oficialismo aprobó ayer el Decreto Presidencial 3682 de Amnistía para los expresidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) por los casos Petrocontratos y Quiborax, respectivamente, y descartó que el beneficio se amplíe a otros opositores.

Tal como lo anticiparon, legisladores del gobernanta MAS, en la sesión destinada a la designación del fiscal general del Estado se ajustó el orden del día para introducir el asunto, que tras casi cinco horas concluyó con la aprobación de la normativa.

El acalorado debate se centró en los pedidos de los opositores de ampliar el beneficio a otros contrarios al gobierno que, para ellos, son “perseguidos” de la administración del presidente Evo Morales.

Así, surgieron como el de Leopoldo Fernández que tiene a cuestas el caso Porvenir; Zvonko Makovic o Gary Prado por el caso Hotel Las Américas; Branko Marinkovic por los movimientos autonomistas, de Samuel Doria Medina, procesado por el caso Focas referido al proceso de capitalización, e inclusive del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, procesado por el caso Mochilas.