Uno de los documentos más importantes para la fundación de Bolivia es el decreto del 9 de febrero de 1825, que promulgó el mariscal Antonio José de Sucre convocando a la asamblea de diputados del Alto Perú, pero, a pesar de eso, no se conoce que exista por lo menos un original autógrafo en el país.

En consulta realizada a los repositorios más importantes para ese periodo, la Casa de la Libertad y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), se pudo conocer que en estos no existe un original autógrafo. En ambos está el texto de la compilación que Andrés de Santa Cruz mandó a imprimir en 1834, pero, tras un nuevo pedido, más específico, el ABNB también ubicó un ejemplar de la hoja suelta que con el texto del decreto se imprimió, probablemente el 10 u 11 de febrero de 1825, en la imprenta del ejército libertador que era administrada por Fermín Arévalo.

Según la nota manuscrita que aparece al margen, con lapicero rojo, esa impresión “fue tirada para hacer circular el decreto de convocatoria en las provincias del Alto Perú como lo acreditan juntamente la lógica de las circunstancias y la legalización autógrafa del presente ejemplar”.

Aunque se supone que esa hoja circuló por todas las provincias, aparentemente no existe más que ese ejemplar que la ABNB custodia como parte del fondo del archivo y biblioteca de Gabriel René Moreno.

Como decía el mismo decreto, una copia de este fue enviado “al gobierno del Perú y a los gobiernos que existen en las provincias del Río de la Plata”, así que se publicó en el Sol del Cuzco número 10, del 5 de marzo de 1825, y en El Argos de Buenos Aires No. 147 del 6 de mayo de 1825.

Lo que no aparece por ningún lado es algún original autógrafo que necesariamente debió existir ya que, en esa época, los originales se hacían a mano y de estos recién pasaban a la imprenta. Un documento tan importante debió haberse conservado, pero todo indica que los ejemplares que alguna vez hubo han desaparecido. “Existe plena seguridad de que el autógrafo paso por manos del Mariscal de Ayacucho y de la comisión compiladora instituida por Santa Cruz” en 1834, dice Oporto.

La inexistencia de un original manuscrito fue confirmada por los historiadores Fernando Suárez, Norberto Benjamín Torres, Pablo Michel y Luis Oporto. Este último fue director del Archivo y Biblioteca de la Vicepresidencia, es autor de la “Historia y memoria política y administrativa de Bolivia” y actual presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, de la que dependen la casa de la Libertad y el ABNB. Es él quien sugiere usar el denominativo de “original autógrafo”.

Michel dice que la existencia de un original autógrafo del decreto del 9 de febrero de 1825 “es un verdadero misterio, solo se tiene las transcripciones a partir de la segunda mitad del XIX” mientras que Oporto apuntó que “habría que ver si Sucre incluyó un ejemplar en el archivo que envió a Quito y los papeles de su Archivo en el Archivo General de la Nación de Venezuela”.

Sobre el original autógrafo, se sabe que existieron dos documentos: el denominado “proyecto de Puno”, que ya estaba redactado por Sucre antes de entrevistarse con Olañeta, y del que existiría una copia en la casa natal del Libertador Simón Bolívar, y el decreto que finalmente fue emitido el 9 de febrero. La existencia del "proyecto de Puno", que fue estudiado en 1965 por Julio César González, se prueba con dos cartas de Sucre, una escrita el 1 de febrero a Tomás Heres y otra del 3 de febrero al Libertador Bolívar. 

Se trata de una de las piedras fundamentales de nuestro país, así que sería muy importante encontrar un original autógrafo.

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