El Decreto Supremo 27787 es el que puso en vigencia un reglamento para la explotación del Cerro Rico de Potosí y su limitación más importante es que prohíbe todo tipo de trabajos a partir de la cota 4.400. La diputada de oposición Lissa Claros presentó este viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto que eleva esa norma al rango de proyecto de ley.
"Básicamente, a través de este proyecto de ley estamos solicitando elevar a rango de ley el Decreto Supremo 27787, esto en el entendido de que es importante de que a través de una ley se pueda dar curso a la protección del Cerro Rico", dijo.
La propuesta surge en un momento en el que tanto el Ministerio de Minería y Metalurgia como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) guardan silencio respecto al deterioro que sufre el Cerro Rico por parte de trabajos sin control en la cúspide. Se ha confirmado nuevos hundimientos, pero no se presenta el coronograma para migrar las operaciones mineras de la cúspide a otras áreas.
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