El informe parcial de la auditoría médica ejecutada en el caso de Sebastián Justiniano, un niño de Santa Cruz a quien le extrajeron por error un riñón sano, estableció que el médico Róger M.B. incumplió protocolos antes y durante la intervención quirúrgica; por ejemplo, no usó la imagen de tomografía como referencia.
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de esa región, Óscar Urenda, brindó la mañana de ayer martes una conferencia de prensa para dar a conocer los primeros hallazgos de la fiscalización que su despacho activó la semana pasada tras destaparse el suceso que ha causado indignación y el resurgimiento del debate sobre la urgencia de una ley para normar la práctica médica.
“En la conclusión final preliminar se aprecia indicios de responsabilidad inicialmente del cirujano por inobservancia a los protocolos de seguridad de pacientes quirúrgicos”, manifestó el funcionario.
Antes, detalló algunos aspectos que son la base de esa premisa. Por ejemplo, reveló que en el expediente no existe la placa radiográfica de la tomografía que era referencia para la intervención y que ese material estaría en un disco compacto en poder de la familia.
“O sea, la familia tenía las imágenes que debieron ser usadas en quirófano”, manifestó Urenda.
Tampoco hay evidencia de consultas y evaluaciones médicas previas a la cirugía y menos una planificación para ese procedimiento.
"Si el cirujano contempla que faltan elementos en el hospital, si observa que falta documentación y aun así opera es el responsable. Él está en todo su derecho y hasta es su obligación de rechazar iniciar una cirugía si él considera que no está todo completo”, explicó el titular del Sedes.
El médico Róger M.B., quien tuvo como ayudante a la médico Isis Ll., fue internado el lunes 10 de septiembre en un hospital y no acudió a declarar a la Fiscalía, pero eso no evitó que las autoridades acudan hasta el hospital para tomarle la declaración sobre la operación a Sebastián. Se acogió a su derecho al silencio y fue aprehendido.
“Existen elementos de que la conducta se adecua al tipo penal de lesiones gravísimas toda vez que el menor pierde dos órganos importantes y es un peligro inminente para la vida”, manifestó el 10 de septiembre el fiscal José Parra.
