El consejo nacional de presidentes industriales rechazó el pago del segundo aguinaldo y los indicadores que la respaldan, así como la ley de creación de empresas estatales. La decisión fue asumida, luego de un exhaustivo análisis de coyuntura de la economía y de la industria manufacturera en el país.
"Rechazamos el decreto que aprueba el pago del segundo aguinaldo y el indicador (crecimiento del PIB del 4,5 %) que adoptaron para su pago, lo cual no refleja el estado de las empresas industriales que atraviesan serios problemas económicos-financieros", se lee en el primer punto de la resolución.
Explican que el segundo aguinaldo "fomenta el trabajo informal y genera mayor desigualdad social en el mercado laboral y desincentiva la inversión, producción y generación de empleo productivo y formal".
El 9 de agosto, el ministro de Economía, Mario Guillén, cuestionó las dudas que expresaron los empresarios sobre los indicadores de crecimiento económico y las atribuyó a "no querer compartir sus ganancias" con el pago del segundo aguinaldo.
En el segundo punto expresan su "absoluto y enérgico rechazo a la confiscatoria Ley de Creación de Empresas Sociales" y defienden de manera particular "el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa" y ratifican que no existe desarrollo sin inversión privada nacional y extranjera.
Afirman que en los últimos años, los industriales han expresado en diferentes espacios públicos y privados su "profunda preocupación por el clima de desaceleración económica" y porque viven un "escenario de exclusión" en los planes y políticas públicas.
"Desde la Cámara Nacional de Industrias manifestamos que este escenario tendrá un impacto negativo sobre la inversión, producción y generación de empleo formal. Se pondrá en serio riesgo el desarrollo del país. Los industriales manufactureros nos declaramos en proceso de extinción bajo el actual modelo económico", remarcan los participantes en el Consejo en un comunicado.
Subrayan que las principales preocupaciones del sector que generan un clima de alta inseguridad jurídica, en la actual coyuntura, son el creciente contrabando, el comercio informal, los ascendentes costos laborales, la inflexible política laboral, los controles y regulación de precios, la sobre fiscalización y sobre regulación del sector público a las industrias formales, la presencia del Estado con empresas públicas, el incremento de la tarifa de gas industrial y el incremento de la tarifa eléctrica industrial "que nos castigan y nos vuelven cada vez menos competitivos".
