La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en Sucre, validó la tarde de ayer la recomendación de su Sala Penal sobre la apertura de un proceso en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, y anunció que remitirá la proposición acusatoria al Legislativa para que sea esta instancia la que autorice o rechace un juicio de responsabilidades por tratarse de una exalta autoridad de Estado. De ser aprobada la solicitud de apertura de juicio de responsabilidades, la decisión quedará en manos de la ALP, donde el MAS tiene mayoría. La ley 044 para el juzgamiento de altos funcionarios de Estado establece que el pedido de autorización para el enjuiciamiento deberá ser aprobado “por, al menos, dos tercios de voto de sus miembros presentes”. "Se dispuso la remisión de la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa a efectos que determina lo que corresponda en el ámbito de sus competencias", aseguró el presidente del TSJ, José Antonio Revilla. "Es una decisión unánime de los miembros de la Sala Plena. Reitero porque es una etapa de antejuicio, no se está juzgando ni está comenzando procedimiento; se está remitiendo el requerimiento acusatorio al Legislativo", resaltó. El martes 24, la Sala Penal de TSJ resolvió recomendar la apertura del proceso que fue solicitado por la Procuraduría y validado en primera instancia por la Fiscalía General con una propuesta acusatoria. Mesa está acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el caso Quiborax, referente a la expulsión de la chilena de Bolivia en 2004 y la reversión de 11 concesiones que poseía en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita. Según la Ley 044 para el Juzgamiento del presidente, vicepresidente y de altas autoridades judiciales, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea conocerá el requerimiento acusatorio e informará al Pleno del Órgano Legislativo a efectos de la autorización legislativa. “La Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de, al menos, dos tercios de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia”, dice el parágrafo III del artículo 16 de la mencionada ley. La ley menciona que con la autorización Legislativa se inicia la etapa preparatoria, cuyo desarrollo esta a cargo del fiscal del Estado bajo el control jurisdiccional de la Sala Penal del TSJ, que se constituirá como tribunal colegiado en pleno. "DEMOLICIÓN" Mesa, afirmó ayer que el Gobierno de Evo Morales aplica contra él un ejercicio de demolición de su figura política y su honor al continuar un proceso para someterlo a un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax. "Lo que está haciendo el gobierno del presidente Evo Morales conmigo es un proceso, es un mecanismo, es un ejercicio de demolición de mi figura política, de demolición de mi honor y dignidad personal", dijo. Para Mesa, la decisión jurídica de ayer en su contra, confirma que la Fiscalía y el TSJ son el brazo ejecutor de este sistema de persecución. "(...) es judicializar o criminalizar la política a través de procesos penales, en el caso mío de juicio de responsabilidades, que sustituyen a los tanques, a las ametralladoras y a las charreteras". "En este caso la persecución política se disfraza en una búsqueda de transparencia que no existe y que no es otra cosa que un linchamiento a través de un proceso judicial", apuntó Mesa. El expresidente remarcó que lo que está claro es que se trata de una persecución política porque el Gobierno presume que él podría ser candidato en las elecciones generales de 2019.