El fiscal del Estado, Ramiro Guerrero, validó ayer la proposición acusatoria planteada por la Procuraduría en contra del expresidente Carlos Mesa y así dio luz verde a que avance el proceso para su enjuiciamiento por el caso Quiborax, que le causó al Estado una pérdida de $us 42.6 millones por pago de una indemnización.

“Este requerimiento acusatorio contra el expresidente Carlos Mesa es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, anunció tras que la Fiscalía presentara la proposición acusatoria ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Sucre.

Según procedimiento, la Sala Penal deberá poner en consideración de sala plena esta propuesta para decidir en esa instancia su envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que finalmente será la que autorice o no la apertuira de un juicio de responsabilidades contra el exmandatario. En el caso de los tres ministros de su gestión, esto  no gozan de caso de corte.

Guerrero precisó que, antes de tomar esta determinación, el Ministerio Público hizo la “acumulación de antecedentes”, entre ellos documentación y las declaraciones de los involucrados en el caso, como exministros de su gobierno y el mismo Mesa, quien, según recordó, no respondió al cuestionario de 20 preguntas que preparó su despacho y solo se remitió a los fundamentos de tres memoriales que presentó anteriormente.

La aprobación del inicio de un juicio de responsabilidades depende de la ALP, que está dominada por el MAS.

Según el articulo 184 de la CPE referido a las atribuciones del TSJ, esta repartición es la única instancia facultada para enjuiciar a los presidentes y vicepresidentes del Estado. La Fiscalía se encarga de llevar adelante las investigaciones.

“El juicio se llevará a cabo previa autorización de la ALP, por decisión de, al menos, dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido”, se lee en el numeral cuatro del artículo citado.