El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) David Ramos informó ayer viernes que el voto de confianza y de aprobación de la Asamblea Legislativa a las gestiones de la Procuraduría General del Estado en el caso Quiborax, serán enviados al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que tome en cuenta en la proposición acusatoria del juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa.

Dijo que la interpelación fue un acto público, en todo el país, y esperan que el fiscal Guerrero lo asuma de manera responsable y presente sus conclusiones, porque durante la exposición de los ministros de Justicia y Minería, se ha demostrado que el Salar de Uyuni fue loteado por los neoliberales y entregado, a la chilena Quiborax.

Espera que la investigación de la fiscalía determine los grados de responsabilidad de los funcionarios que hubieran participado en el proceso de reversión sin cumplir los requisitos que exigía la misma ley.

Aseveró que da pena ver a Mesa eludiendo explicar por qué no cumplió su propia ley, dando lugar a que la empresa inicie un arbitraje internacional donde el Estado perdió 42.6 millones de dólares.

El diputado del MAS, Lino Cárdenas, dijo que no hay duda que Mesa está involucrado porque la irregularidad que cometio es insalvable y ningún abogado podría decir que no existe el decreto ordenando la revocatoria de una concesión minera, cuando el Código de Minería no contempla esa figura, sino la caducidad y nulidad previo procedimiento.

Explicó que no será la primera vez en que un funcionario del Estado, que comete errores, sea sancionado y por eso la CPE, contempla el instituto jurídico  de la repetición para que el funcionario que causó daño al Estado, devuelva el dinero.