En 2016 ya se tomó la decisión de realizar una auditoria legal al proceso de defensa del Estado en el arbitraje por la reversión de una concesión en el Salar de Uyuni a la firma chilena Quiborax. Esa tarea está en curso para establecer si hubo fallas o errores en la defensa legal y, de existirlas, no se protegerá a nadie, aseguró ayer el vicepresidente y presidente en ejercicio, Álvaro García.
"Hay una instrucción de 2016 sobre una auditoria legal para ver si hubo algún otro tipo de irregularidad o mala decisión al interior de todo el proceso de defensa del Estado frente a Quiborax”, explicó García.
En 2015 fue sancionado el Estado en primera instancia, pero la decisión fue apelada y en mayo de este año se conoció la decisión final que ratificó el fallo inicial.
Para el vicepresidente, el error de origen fue el decreto que aprobó en 2004 el entonces presidente Carlos Mesa para revertir la concesión a la firma Quiborax sin respetar los procedimientos legales, lo que a la postre terminó por afectar al Estado con el pago de una indemnización de $us 46.2 millones al demandante.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) estableció que el Estado incumplió su norma interna y emitió una resolución en su contra. Para Mesa no hubo una buena defensa legal del Estado y aseguró que no se hizo prevalecer que el arbitraje se sostenía un documento falsificado, delito por el que fue sentenciado David Moscoso, accionista de Quiborax.
EXPRESIDENTE MESA
La Procuraduría General del Estaso presentó una proposición acusatoria o juicio de responsabilidades contra Mesa por considerar que incurrió en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica por el accionar en la reversión del recurso natural.
El demandado pidió a la Fiscalía archivar el caso y presentó un memorial en el que asegura que los delitos por los que se lo acusa prescribieron por el tiempo transcurrido.
