El ministro de Justicia, Héctor Arce, reveló ayer que el Estado boliviano y la firma Quiborax llegaron a un convenio de una indemnización de 27.272.113,98 dólares, al menos, $us 15.4 millones menos del monto final que desembolsó a favor de la empresa, que al final recibió 42-6 millones de dólares. Pero ese acuerdo fue frustrado por David Moscoso, socio boliviano de Quiborax y dueño de Non Metallic Minerals (NMM).
Informó que Moscoso le mandó una carta fechada el 19 de diciembre de 2016 rechazando el acuerdo por "problemas societarios" entre Quiborax y NMM. Ese obstáculo impidió que se rubrique la firma y poder ahorrar al Estado.
"¿Por qué no se firma el acuerdo de los 27 millones (de dólares)? Porque tuvieron nuevamente problemas societarios los de la empresa. Tenían un socio boliviano, el señor David Moscoso, el que fue procesado y sancionado penalmente. Esta persona se oponía al acuerdo y nos presenta esta carta el 19 de diciembre de 2016", detalló.
La carta de Moscoso a Arce detalla que la indemnización económica debía ser pagada "única y exclusivamente" a NMM y no así a Quiborax.
"¿Con el proceso de anulación en curso, sin el proceso terminado, volver a pagar 27 millones cuando hay un socio que se oponía? No es viable. Si yo firmaba (ese acuerdo), era grave", remarcó.
Arce destacó que la chilena Quiborax se molestó tras la oposición de Moscoso y decidió esperar la resolución de anulación, que salió en el mes de mayo. "Aún así, se abrió la negociación a la cabeza del jefe de área, en este caso el ministerio de Minería", dijo el funcionario.
"Cualquier indemnización es mala, pero pagar la mitad es un ahorro para el Estado, y nuestra idea, que no es secreta ni reservada, era ahorrarle la mitad al Estado, no pagar los 54 y pagar 27 millones de dólares, pero no se pudo por culpa del señor Moscoso", añadió Arce.
En 2006, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), después de nueve años de conflicto, determinó que Bolivia debe pagar $us 48.6 millones a la empresa chilena Quiborax por haber caducado una concesión en el salar de Uyuni, en Potosí.
