Incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado son los dos delitos por los que la Fiscalía de Oruro pide la detención preventiva del alcalde Édgar Bazán, principal acusado del desfalco de tres millones de Bolivianos en la provisión de mochilas escolares.
De acuerdo con la imputación formal, el alcalde orureño se enmarca en lo que establece el artículo 32 del decreto 181 que manda a que las autoridades ejecutivas son las responsables de todas las contrataciones y en este caso se vulneró varios pasos del proceso de contratación.
Asimismo, refiere que Bazán firmó un contrato lesivo al Estado porque la empresa proveedora no cumplió con lo estipulado en el contrato.
La imputación está acompañada de 72 indicios de prueba recolectados desde que se inició la investigación en septiembre de 2017. En este legajo entregan desde la convocatoria a licitación pública, hasta documentos encontrados en el allanamiento a las oficinas del proveedor, Marco Murillo.
