La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fijó que investigará el caso Lava Jato desde la gestión del expresidente Carlos Mesa, porque existen documentos y convenios que demuestran que las empresas brasileñas que ingresaron estuvieron amarradas a un crédito de 600 millones de dólares en un convenio entre el exmandatario boliviano y el exgobernante de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.

 La información ha sido proporcionada por la diputada Susana Rivero que afirmó: "se han revisado reportes de prensa, decretos supremos, convenios marco y carta de intenciones en la que se puede establecer que el crédito estatal y la línea estatal de los 600 millones de dólares para carretera y petróleo (están) con nombre y apellido Robere y El Carmen, llegó con ese acuerdo de intenciones que suscribieron Lula y Carlos Mesa el 8 de julio", informó.

Manifestó que ese 8 de julio llegó el expresidente brasileño a Bolivia para firmar con el entonces presidente Mesa el convenio de los 600 millones de dólares, crédito que estaba vinculado a las empresas de ese país y que "ahora son investigadas en el caso Lava Jato "llegaron amarradas", dijo.

Reiteró que la comisión creada por el Legislativo investigará los "sobornos" y todas las relaciones y vinculaciones que se hubieran generado para acciones delictivas desde ese tiempo, es decir desde 2004.

Solicitarán información internamente y a entidades internacionales a través de la Procuraduría General del Estado y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el requerimiento de información será abierta.

En Bolivia pedirán documentación e información a los ministerios de Obras Públicas, Relaciones Exteriores, Hidrocarburos y Economía, además a la Unidad de Investigaciones Financieras y a la Procuraduría General del Estado.