La jueza Anticorrupción, Sarah Céspedes, determinó medidas sustitutivas para la funcionaria, Carolina Ayala, quien fungió como Responsable del Proceso de Contratación (RPC) en el proceso para la compra de más de 91.000 mochilas escolares.

Céspedes determinó arraigo, que sea cambiada de oficina, prohibición de acceso a los documentos del proceso y una fianza de 100.000 Bolivianos.

De acuerdo con lo señalado en la audiencia, se estableció la existencia de suficientes elementos de convicción de que Ayala es posible autora o partícipe de dos de los tres delitos por los que fue imputada. Estos serían: incumpliendo de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública. Pero, no así el uso indebido de influencias.

El 3 de abril, la concejal del MAS, Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental 26 de Febrero, que compró el lote en China en más de 2.3 millones de Bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12.4 millones de Bolivianos