En caso de que el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín beneficie a los familiares de las víctimas de Octubre Negro, la indemnización será dividida entre 64 personas, informó ayer Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas.
Explicó que en 2006 se firmó un pacto entre la parentela de las 64 personas afectadas.
“Hubo una selección (entre los familiares de las víctimas), escogimos a las personas que aportaban más pruebas y con quienes teníamos mejores oportunidades (de ganar el juicio)”, añadió Quispe, quien perdió a su hermano Constantino en la represión de octubre.
En el proceso que ocurr en Florida hay registros de muertes en tres momentos clave de 2003: el ataque en Warisata (septiembre) y las represiones en El Alto y La Paz (octubre).
